La orden de detención se giró el pasado 19 de octubre por el delito de revelación de información confidencial y reservada, el cual se regula en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según la Fiscalía de Asuntos Internos, en su calidad de funcionaria o empleada pública Laparra “reveló información que tenía conocimiento por razón de su cargo y que, por disposición de la ley, al haberse decretado la reserva total de las actuaciones, tenía la obligación de no revelarla”. Estos hechos ocurrieron en julio del 2017, mientras se desempeñaba como agente fiscal de la FECI en Quetzaltenango.
En este caso, la defensa planteó un recurso legal para que separara a la jueza encargada del proceso, la togada Carmen Lucía Acú Recinos, argumentando que ella misma había reconocido que en ocasiones anteriores sostuvo comunicación con el juez Lesther Castellanos, quien denunció a Laparra, para pedirle que la asesorara en su tesis doctoral. Además, dudan de su imparcialidad porque ya conoció el caso en una etapa anterior.
Sin embargo, la sala de apelaciones no ha resuelto esta petición. Mientras eso no suceda, el caso se mantendrá detenido.
Posterior a ello, el MP deberá imputar en una audiencia de primera declaración los hechos que le sindica a Laparra y el juzgado deberá decidir si la liga o no a proceso.
Claudia González, abogada defensora de Laparra, considera que hubo mala fe del MP al momento de pedir esta segunda orden de detención, ya que al momento de hacerlo aún se estaba dilucidando qué juez debía conocer el proceso.
De siete juzgadores en Quetzaltenango, cuatro ya se habían excusado, comentó la abogada.
“El MP de mala fe pide la orden de aprehensión cuando se estaba tratando de dilucidar qué juez debía conocer la causa. Eso obligó a que el expediente subiera a la sala y esta desde el 19 de octubre no ha resuelto qué juez debe conocer, entonces Virginia está en prisión provisional por la decisión del MP”, comentó González.
Consultado al respecto, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, informó que no podía dar más detalles respecto al caso ya que esto se dará a conocer en audiencia. Respecto a los motivos por los que se requirió la prisión provisional para la exfiscal, únicamente se indicó que “cada proceso es independiente y los peligros procesales se acreditan ante el juez competente”.
Sobre la recusación, se indicó que la Fiscalía se oponía a la misma dado que se invocaban argumentos expuestos con anterioridad que ya habían sido rechazados.
El primer proceso
En un primer proceso, Laparra fue sentenciada a cuatro años de prisión conmutable a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad. La sentencia aún no está firme y de momento la defensa se encuentra analizando si presenta una impugnación.
El MP la acusó de haber denunciado al juez Lesther Castellanos en 2018 porque este filtró información a un abogado cercano. A criterio de la Fiscalía, ella no contaba con autorización de la FECI en Guatemala para presentar esta denuncia.
Tras la sentencia, Laparra declaró que se trataba de una venganza, no precisamente en su contra, sino contra el trabajo hecho por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Laparra no podrá salir de prisión aunque pague la conmuta de la pena, ya que la jueza resolvió que para que esto pudiese hacerse efectivo la sentencia debía causar firmeza. Para que esto ocurra tienen que solventarse los recursos legales que se planteen.
La sentencia condenatoria fue cuestionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que señaló que hay un enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia que socava el estado de derecho.
“Nos preocupa profundamente la sentencia de 4 años de cárcel para Virginia Laparra, presa de conciencia por su labor anticorrupción. La persecución selectiva de actores de justicia y periodistas socava el estado de derecho democracia y prosperidad en Guatemala””, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
En la misma línea, Amnistía Internacional aseguró que la sentencia condenatoria es un ejemplo de cómo en Guatemala se criminalizan a operadores de justicia.
“Virginia Laparra es una presa de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción y protagonizar la lucha contra la impunidad. “Debe ser liberada inmediata e incondicionalmente, y no descansaremos hasta verla en libertad”, expresó en un comunicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
