La solicitud la presentó Jerzi Natael Velásquez Alvarado, contra el juez de Mayor Riesgo “B”.
El interponente era sindicado en el caso Cancerbero y señalado de ser parte de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta.
Había denunciado al juez Gálvez por supuestamente de haber incurrido en prevaricato y abuso de autoridad por emitir dos resoluciones en el mismo caso.
En septiembre del 2018, el caso Cancerbero ya contaba con 15 personas detenidas y estaban a la espera de la apertura a juicio.
Una de las señaladas estaba prófuga desde 2014 y fue detenida en una revisión de rutina en Morales, Izabal.
La detenida estaba señalada de ser parte de la supuesta estructura criminal del supuesto narcotraficante Mendoza Matta, cuya investigación, denominada Cancerbero, incluía secuestros y asesinatos en Izabal y Petén.
Según la investigación, la organización se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén.
Juez Gálvez
En otro caso, el 25 de julio recién pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo provisional contra la CSJ solicitado por el juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez.
La máxima corte resolvió no conceder la protección solicitada por el juez de Mayor Riesgo “B”, quien buscaba que se suspendiera la decisión asumida por la mayoría de los magistrados, quienes tramitaron el antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT).
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Dicha fundación argumenta que el togado ha abusado de la medida de prisión provisional, razón por la que presentó la solicitud.
