Los motivos, así como la integración del pleno de la CSJ, no fueron proporcionados. “De momento esa es la información que se tiene. Se van a notificar a las partes”, agregó Siekavizza.
La denuncia fue planteada el 26 de diciembre. Evaristo Martínez Farfán, de la Dirección Penal de la PGN, acudió a la Torre de Tribunales y presentó la solicitud de antejuicio en el Juzgado de Paz.
El señalamiento que firmó Donado intentaba iniciar un proceso para retirale la inmunidad a Porras, Mejía y De Mata, por “diversos actos” en su labor jurisdiccional constitucional debido que, a criterio de Donado, los magistrados “cometieron ilegalidades” relacionadas al trámite de acciones de amparo “violentando plazos establecidos para el debido proceso”. El documento se centró en la admisión de amparos provisionales sobre sujetos carentes de legitimación activa.
Los delitos que según Donado habían cometido los tres magistrados eran violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.
“Coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente de la República o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”, declaró la PGN el mismo día en que se presentó la querella.
#OJInforma | Vocero del @OJGuatemala Mario Siekavizza se refiere a los antejuicios conocidos por el Pleno de Magistrados de la #CSJ 2/2 pic.twitter.com/Dc7yDt5Qja
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) January 30, 2019
Sin postura
La PGN informó que esperará hasta ser notificada para hacer pública la postura oficial, confirmó Víctor Valenzuela, jefe del departamento de Comunicación que representa al Estado. Incluso se le consultó si Donado brindaría algún comentario y la respuesta fue similar.
Las resoluciones
La denuncia contra los integrantes del máximo ente legal del país recuerdan que otorgaron, por unanimidad, un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig), debido a la decisión del presidente Jimmy Morales de negar el ingreso desde septimbre de 2018 cuando el abogado colombiano estaba en Nueva York.
Otra de las resoluciones en discordia sucedió el 31 de agosto del 2018 cuando el presidente Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig. Según la CC, las controversias deben ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión instalada en el país desde hace 11 años.
El pasado 21 de diciembre, la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último relacionadas con los investigadores de la Cicig.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, calificó la decisión de la PGN de accionar contra magistrados de la CC como “un hecho lamentable”.
La Corte Suprema de Justicia rechaza, sin conocer, el antejuicio planteado por Jorge Luis Donado, titular de la @PGNguatemala, contra los magistrados constitucionales Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata. pic.twitter.com/5R2VAwXcSd
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 30, 2019
Fallo reciente
El 23 de enero pasado la CC dejó sin efecto el antejuicio promovido contra los magistrados Mejía Orellana, Porras Escobar y De Mata Vela que había tramitado, por mayoría, la CSJ y remitido al Congreso. Esta denuncia fue planteada por la Asociación Dignatario de la Nación (ADN) relacionado con la permanencia del diplomático sueco Anders Kompass en el país.
El amparo provisional que el máximo órgano legal del país le otorgó a Jordán Rodas, titular de la PDH, no solo dej sin efecto el trámite del antejuicio promovido contra magistrados constitucionales, sino que causa jurisprudencia, es decir, establece un precedente para la resolución de casos en el futuro.
Como ejemplo fueron cuatro fallos. En 1994, a través de un amparo que fue promovido por el abogado Mynor Pinto Acevedo, en calidad de magistrado titular de la CC, contra la CSJ, Cámara de Amparo y Antejuicio, y el juez tercero de Primera Instancia Penal, luego de que le dieran trámite al proceso en su contra. Este fallo favoreció al magistrado Pinto Acevedo.
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La resolución recordó, en ese entonces, que no es exclusiva de la legislación guatemalteca, sino que existe la protección a los magistrados en derecho comparado, en ordenamientos jurídicos español, chileno, ecuatoriano y peruano.
Otra sentencia de la CC fue en 2003, cuando Mario Guillermo Ruiz Wong, entonces presidente de la máxima corte del país, accionó por haber admitido la inscripción como candidato presidencial a José Efraín Ríos Montt. La denuncia la promovió la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, por faltar a la ética.
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El último expediente fue resuelto el 11 de septiembre del 2017, en donde la CC “ha declarado la improcedencia de la persecución penal de jueces y magistrados por la emisión de resoluciones en el ejercicio de su cargo”.
“En efecto las persecuciones que se hacen contra magistrados de esta Corte derivadas de resoluciones emitidas en el ejercicio de sus cargos deviene inviable”, detalla la sentencia.
