La denuncia fue presentada por Jackeline Johanna Suárez Linares, quien sostuvo que fue agredida por Taracena cuando éste pidió al diputado Marvin Orellana que desocupara la oficina del exparlamentario Luis Rabbé –prófugo de la justicia por un caso de plazas fantasma–.
El Ministerio Público pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que evaluara a Suárez, pero el informe estableció que no hay evidencia física de un golpe o agresión, por lo que esa solicitud de antejuicio fue rechazada, explicó el vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda.
Otro caso relacionado con Taracena, es el de la denuncia contra el Juez Segundo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Marco Pérez, a quien trabajadores destituidos del Congreso señalan de haber resuelto de manera rápida.
El pleno de magistrados de la Corte consideró, agregó Pineda, que por ser casos similares, el juez puede emitir una resolución similar, por lo que la solicitud también fue rechazada.
Asimismo, no se dará trámite al expediente de antejuicio solicitado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra la Junta Directiva del Congreso del 2015, la cual presidía Rabbé.
El punto de la denuncia rodea el hecho que el Pacto Colectivo de dicho organismo autoriza un incremento salarial del 10 por ciento para sus trabajadores, pero la Contraloría creía que ese aumento era sobre el sueldo base, y no sobre las cantidades que crecían año con año.
“Se indicaba también que eran para los años 2013, 2014, 2015 y 2016”, agregó el vocero del OJ.
“Los magistrados han tenido en su conocimiento el expediente, pero se ha podido determinar que no se ha individualizado, de parte de CGC, quiénes son los que habían incurrido en algún delito por esa circunstancia. También se determinó que la Junta Directiva no firma cheques ni fija salarios, en consecuencia era importante que se hubiese individualizado este aspecto”, afirmó Pineda.
