Al Mingob se le ordena abstenerse de adoptar medidas que amenacen la integridad del Archivo, por ser el Ministerio de Cultura, a través del Archivo General de Centroamérica, el único competente para determinar las acciones para su conservación, resguardo y custodia.
Añade que debe agotar le medidas necesarias para trasladar el uso definitivo y/o la adjudicación del inmueble para albergar el Archivo al Ministerio de Cultura.
Al Ministerio de Cultura la CSJ exhorta a que, por las instituciones respectivas se declare el Archivo de la Policía Nacional como Patrimonio Cultural de la Nación.
También le ordena que en un plazo que no exceda los cuatro meses, adopte las medidas financieras, administrativas y de recurso humano suficiente y calificado para garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso de archivo en condiciones no menores a las dejadas por el Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición.
La Corte ordena a que, en un plazo que no exceda los cuatro meses, se diseñe e implemente un plan para la conservación y resguardo del Archivo.
También que se acorde los estándares internacionales en materia de derecho a la verdad y el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, para este fin, deberá hacerse auxiliar de expertos archivistas.
Además, al Congreso se exhorta a que prosiga el proceso de aprobación de la iniciativa 5013 que dispone aprobar la Ley del Sistema Nacional de Archivos.
El procurador Jordán Rodas catalogó como histórica la sentencia de la CSJ al otorgar el amparo. Destacó que se le quita la competencia administrativa al Mingob.
Descubierto en el 2005
El 5 de julio de 2005 la PDH descubrió los archivos de la extinta Policía Nacional durante una supervisión de remoción de explosivos bélicos en la zona 6.
El descubrimiento de este acervo histórico ayudaría a esclarecer la desaparición de miles de personas durante el conflicto armado interno.
En el Archivo Histórico, ubicado en la zona 6 capitalina, no hay ni un solo documento que contenga una orden de ejecución o de desaparición forzada. Se cuidaron mucho de no ser tan específicos, pero dejaron pistas que han sido bien hiladas por expertos, informó la PDH en ese entonces.
