Fuentes de ese alto órgano estatal afirman que durante la última elección la falta de acuerdos entre los dos grupos en que se dividen los magistrados —grupo de los Ocho y el de los Cuatro— los obligó a establecer un pacto.
Nery Medina, presidente de la CSJ debe entregar el cargo el próximo 14 de octubre.
“Lástima que el tiempo es corto, porque sí es aconsejable que la presidencia tenga, mínimo, dos años en el cargo, para llevar a cabo los proyectos”, dijo Medina en declaraciones a La Red.
Según el magistrado, deja pendiente la inauguración de tres juzgados: en Jutiapa, Alta Verapaz y Quetzaltenango, logros que, a su juicio, “fueron bastantes” y demuestran el apoyo de su presidencia a la parte jurisdiccional, así como a la gestión administrativa. Agregó como logros de su gestión el “mantener la armonía en la Corte”, además de evaluar el trabajo de los magistrados apegado a la Constitución. “Hemos cumplido con lo que dice la Constitución, hemos analizado cada caso que nos presentan desde las Cámaras y la misma Corte. Las decisiones hablan por sí solas”, comentó.
Este consiste en que el grupo de los Cuatro —Delia Dávila, Ranulfo Rafael Rojas, Silvia García y María Eugenia Morales— apoyará a su candidato —Nery Medina—, a cambio de dar los votos en la próxima elección al magistrado que ellos propusieron en esa sesión —Dávila—.
La preocupación es que no existan acuerdos y se llegue al 13 de octubre —fecha límite, según la ley— sin haber elegido al sucesor de Medina. En ese caso, Silvia Patricia Valdés, por ser vocal I, asumiría la presidencia de la CSJ. Esta magistrada defendió en redes sociales al presidente Jimmy Morales, el 14 de septiembre de 2016, cuando este era criticado por activistas, aunque ella ha rechazado los señalamientos.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, opina que la persona que sea electa en la presidencia de la CSJ jugará un papel fundamental. “Pese a que en la elección de fiscal general es un solo voto, desde ya se pueden hacer análisis de cómo estarán la correlación de fuerzas”, indicó.
Precisó que es necesario que la persona que sea electa se sume a la lucha contra la corrupción e impunidad, que rompa cualquier vínculo con las personas que lo eligieron en el 2014 y que actué con independencia. “La población, lo que tiene que exigir a la CSJ es lo mismo que ya exige al Congreso: lucha contra la impunidad, lucha contra la corrupción”, apuntó.
Helen Mack, de la fundación Mirna Mack, considera que “la guinda del pastel de la cooptación del Estado fue la elección de las cortes del 2014”. “Vimos que la Corte fue electa no por méritos, sino por favores políticos, para garantizar impunidad a políticos salientes como a entrantes y empezar una estrategia”, señaló.
Mack afirmó que, si el nuevo presidente responde a esos favores, “todos los esfuerzos de la lucha contra la corrupción se pondrían en peligro porque estas estructuras se niegan a desaparecer”. Agregó que es momento de que la atención de la población, que está en el Congreso, se vuelva a la CSJ y presione para elegir a la persona más calificada.
A esa crisis se agrega un antejuicio contra los magistrados Rafael Rojas, Vitalina Orellana y Silvia Valdés, presentado la primera semana de septiembre. Según Gestión Penal del Organismo Judicial, el expediente fue remitido al Juzgado Undécimo.
“Sé que ingresó un antejuicio en mi contra, pero desconozco por qué no ha subido a la Corte para su trámite y si incluye a otros magistrados”, dijo Rojas.
