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El fallo del Supremo, que fue decretado el pasado 19 de enero y divulgado este miércoles, permite la afiliación política a los interesados en integrar la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 (cinco titulares y cinco suplentes).
El numeral 11 de la documentación requerida para los candidatos al máximo tribunal guatemalteco establecía originalmente la entrega de una “constancia de no estar afiliado a un partido político por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral”, un requisito que ya no será necesario de acuerdo a la nueva disposición.
La nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia abre las puertas a que cualquier persona afiliada a un partido político pueda ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
Uno de los cinco magistrados actuales titulares de la Corte de Constitucionalidad es Roberto Molina Barreto, quien se postuló en 2018 como candidato a la vicepresidencia del país junto a Zury Ríos Sosa, la hija del fallecido dictador José Efraín Ríos Sosa, quien gobernó el país entre 1982 y 1983 tras un golpe de Estado.
Barreto fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado como su representante en la Corte de Constitucionalidad para culminar los meses restantes del período 2016-2021, en sustitución del magistrado Neftaly Aldana, de baja definitiva por una enfermedad.
Disputas judiciales
La integración actual de la Corte de Constitucionalidad también se encuentra bajo disputa después de que el pasado martes el Congreso juramentara al cuestionado juez Mynor Moto Morataya como miembro del máximo tribunal del país pese a las críticas de varios sectores, incluido Estados Unidos, además de un impedimento legal.
“Los procesos de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la constitución”, puntualizó la delegación diplomática al respecto.
“Es imprescindible proteger la Justicia en Guatemala y asegurar que los magistrados de la corte más alta cumplen con los requisitos más altos”, añadió.
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Moto Morataya está vinculado por Fiscalía con el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020”, una investigación de alto impacto que reveló el año pasado los intereses de varios políticos y jueces por controlar la CC y la CSJ.
El ingreso a la Corte de Constitucionalidad de Moto Morataya se debe a la muerte del magistrado Bonerje Mejía en 2020.
La elección en abril próximo de la Corte de Constitucionalidad por los próximos cinco años, y la elección estancada de la Corte Suprema de Justicia -se debió llevar a cabo en 2019- son claves para la lucha anticorrupción en Guatemala, de acuerdo a la opinión de expertos en el tema.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, exigió este jueves a la CSJ que reconsidere el dictamen, pues, afirmó, “es indispensable una justicia independiente”.
La Constitución Política de Guatemala establece en su artículo 207 que “la función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad del ministro de cualquier religión”, recordó.
