El caso
Según las Investigaciones del MP y la Cicig, la contratación de personal en exceso e innecesaria y la creación de plazas fantasma inició en el 2014, cuando Crespo fue presidente del Organismo Legislativo, pero las anomalías en ese rubro continuaron durante la presidencia de Luis Rabbé.
Las investigaciones arrojaron que los miembros de la junta directiva del Congreso entre 2014 y 2015 habrían aprobado las contrataciones con una serie de “irregularidades e ilegalidades”, según el informe de la Cicig.
Además de no respetar los procesos de contratación, no todas las personas que eran contratadas con salarios onerosos llegaban a trabajar al Congreso, algunos recibían el pago del organismo, pero eran designadas a realizar actividades particulares para los diputados e inclusive en empresas de su propiedad, otras, además, trabajaban también para distintas dependencias del Estado.
La investigación apunta que Crespo, aprovechando su investidura como presidente del organismo habría contratado a 17 personas, bajo el renglón 022, solo tenían estudios de nivel diversificado, y les fueron asignados salarios entre Q10, Q12 y Q15 mil; 13 de los contratados como asistentes estaban asignados a la presidencia.
Además, en los primeros días de enero de 2015, cuando estaba por entregar el cargo, autorizó el nombramiento de 87 personas, quienes fueron contratadas bajo el renglón 022, designadas a los miembros de la Junta Directiva que estaban por terminar su gestión.
Además, Crespo es señalado de autorizar la contratación de otras 44 personas asignadas a unidades administrativas del Congreso, sin que existiera una solicitud de los jefes de cada área, para justificar la necesidad del personal. Al menos 25 de las contrataciones tenían un salario de Q15 mil.
