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Al no encontrar apoyo en el Congreso, el Gobierno decidió implementar un estado de Prevención en lugar de uno de Sitio en municipios de Izabal y Alta Verapaz; sin embargo, a casi un mes de haber levantado las medidas, los resultados justifican poco las razones por las que se implementó el operativo de seguridad.
El Ejecutivo, en julio, cuando decretó el estado de Prevención, afirmó que en El Estor y Lívingston, Izabal, así como en Panzós y La Tinta, Alta Verapaz, existían grupos armados que realizaban actos violentos y ataques contra las fuerzas armadas.
Los informes oficiales de los operativos de seguridad desplegados durante los 30 días del estado de Prevención y los siete del estado de Sitio, antes de que perdiera vigencia por la improbación en el Congreso, señalan que de las 249 capturas efectuadas, el 66% corresponde a violaciones al toque de queda, delitos cometidos en flagrancia y el incumplimiento de pensiones alimenticias.
Para el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, se cumplió con el objetivo, porque se recuperó la gobernabilidad y se restableció el orden; además, hubo baja del índice criminal en Izabal.
Ernesto Ramírez Caal, alcalde de Panzós, no comparte la opinión de la Policía y, aunque reconoce que no se han reportado hechos violentos de gran magnitud, la presencia de la PNC es poca y solo cuenta con una subestación, mientras han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar y no hay policías que atiendan los constantes llamados de las víctimas.
“En el municipio tenemos muy pocos policías que dan seguridad, y no se dan abasto. Tengo la necesidad de que se nos dé mayor seguridad por medio de la Policía y también que a los agentes se les brinde otro autopatrulla, porque solo tienen uno”, manifestó el alcalde.
Aguilar reconoció la baja de agentes asignados a Panzós, pero explicó que en caso de una emergencia se puede coordinar apoyo de municipios cercanos y también de unidades antinarcóticas y fuerzas especiales.
Cuestionan estrategias
Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), opinó que el Gobierno no debe seguir implementando estados de excepción en el país, porque los resultados obtenidos no justifican el gasto ni el impacto a los derechos de los ciudadanos.
“Lo que quisiéramos es que el Gobierno deje de aplicar la Ley de Orden Público y los estados de excepción como parte de una política ordinaria, porque lo que estamos viendo es que nos tiene con cinco estados de Prevención, dos estados de Sitio y un estado de Calamidad, y no hemos tenido ni un solo día sin estados de excepción desde que llegó este gobierno”, criticó Sandino Asturias del CEG.
A Asturias no le parece que sea una medida aplicable para que las políticas de seguridad sean eficaces, y en su lugar se deberían tener planes concretos y utilizar los mecanismos del Estado, como inteligencia e investigaciones, para accionar contra las bandas criminales.
Sin estrategia
En opinión de Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), los resultados del estado de Prevención reflejan que no hubo ninguna estrategia y no tenían ningún plan operativo real, porque no hubo capturas de ningún miembro de los grupos armados que según el Gobierno operaban en esos lugares.
“Se repite lo mismo que siempre ha repetido: se encuentran los arbustos de coca o las aeronaves incinerados, pero no se hallan personas que están cometiendo los delitos, ni siquiera las personas que están al final de la cadena”, afirmó Carmen Rosa de León, de Iepades.
A De León le parece increíble que hasta ahora no se informe o se sepa a quién pertenecen las propiedades donde se descubrieron los arbustos de coca.
Asturias señaló que los grupos criminales dejan de operar cuando se implementan los estados de excepción, porque las autoridades no tienen una estrategia de inteligencia previa, y por esa razón no desarticulan las estructuras criminales.
Para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), los estados de Prevención no han incidido en la baja de la actividad delictiva y las acciones del narcotráfico, pese a que no es la primera vez ni el primer gobierno que interviene con acciones drásticas la seguridad de estos departamentos.
El Cien, durante una actividad, ayer, en la que se trató el tema de estados de excepción durante el gobierno de Alejandro Giammattei, señaló que se deben implementar “acciones para reducir las causas y manifestaciones de la problemática de inseguridad y tráfico de drogas en forma coordinada con las diferentes dependencias del Estado, estimulando el involucramiento de los gobiernos municipales e incentivando la participación de los diferentes sectores de la sociedad”.
Alivio temporal
Antes de que fue instaurado el estado de Prevención en estos cinco municipios, el gobierno de Alejandro Giammattei tuvo la intención de que los lugares fueran regidos bajo estado de Sitio (vigente del 19 de julio al 26 de julio), pero no obtuvo el suficiente apoyo político en el Congreso, por lo que las autoridades se vieron obligadas a implementar una medida que no necesitaba la aprobación de los diputados y estuvo vigente desde el 27 de julio hasta el 30 de agosto.
Óscar Argueta, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, explicó que el motivo principal por el cual se opusieron a aprobar el estado de Sitio en estos municipios fue porque el Ejecutivo incumplió los procedimientos y plazos establecidos en la Ley de Orden Público.
“Nosotros dentro de la bancada tuvimos posturas diferentes y estuvimos en un debate porque el estado de Sitio podía de forma temporal aliviar la tensión que existe en el territorio, pero el problema de fondo no lo iba a solucionar (…) Si no está acompañado de un fortalecimiento a las instituciones que tienen presencia en los lugares no cambiarán la problemática”, afirmó.
