no permita que lo estafen
Criptomonedas no están prohibidas ni autorizadas: ¿está en riesgo el usuario?
Autoridades no tienen tecnología para rastrear trazabilidad de transacciones, advierten expertos y autoridades y recomiendan retomar debate sobre si procede reglamentar actividad.
Según los expertos, las stablecoins o monedas digitales respaldadas por reservas en quetzales u otra moneda estable, son una alternativa a las criptomonedas. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Con excepción de El Salvador, que adoptó el bitcóin como moneda de curso legal en 2021, en el mundo no existe una regulación estándar para la negociación de criptomonedas.
En Guatemala, es cada persona individual o jurídica que decida invertir en este tipo de transacciones la que queda como responsable de sus propias acciones.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, “conforme a la ley monetaria vigente del país, el Quetzal es la única moneda de curso legal en el territorio nacional. Las criptomonedas, como bitcóin, ethereum, ripple y otras similares, no están reconocidas y no cuentan con el respaldo correspondiente. Tampoco están autorizadas para ser utilizadas como medios de pago en Guatemala”.
“La gente quiere retornos fáciles y rápidos. Al no tener una regulación, existe el riesgo de que terceros o una empresa de criptomonedas deje de existir de la noche a la mañana y no hay ningún respaldo local que pueda dar trazabilidad y exigir que le devuelvan al usuario parte del dinero que invirtió”, comenta José Amado, gerente de la Práctica de Identidades Digitales de la firma, Sistemas Aplicativos (Sisap).
Así, el primer riesgo al que están expuestos los usuarios está asociado a la regulación, ya que, al no existir un marco legal específico, los bancos locales no ofrecen servicios como custodia de criptomonedas o cuentas de ahorro en activos digitales. Ante esta situación, los usuarios interesados recurren a plataformas internacionales, lo cual aumenta el riesgo de estafas y fraudes. A la “nebulosa” que rodea la trazabilidad de las transacciones en criptomonedas, se añade, según el experto, su origen y destino, que ha facilitado actividades ilícitas como la extorsión o el lavado de dinero. En tal sentido, la investigación y seguimiento es todo un reto para las autoridades.
Ni prohibida ni permitida
Si bien en Guatemala no está regulado explícitamente el uso y comercio de criptomonedas, tampoco está prohibido. En consecuencia, nada impide que personas y empresas compren, vendan o intercambien criptomonedas.
Para que ese tipo de divisa pueda ser utilizada como moneda de curso legal en Guatemala, sería necesario que el Congreso apruebe una legislación específica que regule su circulación, tratamiento fiscal y aceptación como medio de pago. Esta ley tendría que definir cómo se gravan las transacciones en criptomonedas y establecer reglas para su integración en la economía formal.
Para evitar la volatilidad en el mercado, la alternativa sería adoptar las stablecoins o monedas digitales respaldadas por reservas en quetzales u otra moneda estable.
Para que puedan ser una moneda aceptada, se necesitarían regulaciones que protejan a los usuarios y definan cómo proceder en caso de disputas. Además, la normativa debería estipular las responsabilidades de los comercios y consumidores en el manejo de estas transacciones.
La StableCoin, es un tipo de criptomoneda que tiene un respaldo por activos. Este respaldo puede ser completo o parcial. Dos ejemplos de Stable coin son USD Coin (USDC) y Pax Dollar (USDP), las cuales mantienen una paridad de 1 a 1 con el dólar americano, explica German López, miembro de la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (Bancert). En este caso, el gobierno guatemalteco podría implementar una normativa de licenciamiento para las plataformas de criptomonedas, lo que garantizaría que cumplan con criterios de seguridad, solvencia y transparencia. Esta regulación sería clave para que estas empresas operen de manera segura y transparente en el país.
Así mismo, es crucial que estas plataformas implementen procedimientos de verificación de identidad y denuncia de transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero y financiar actividades ilícitas.
Además, la normativa podría requerir que las plataformas de criptomonedas presenten auditorías regulares para demostrar que tienen fondos suficientes para cubrir las obligaciones con sus clientes y que sus operaciones son seguras. Esto también vendría a proteger a los usuarios en caso de problemas de liquidez, concluye el diputado Jorge Mario Villagrán, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República.
Denuncias sin progreso
El fiscal Raúl Pérez Bámaca, de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público confirma que, en algunos casos, esa fiscalía ha iniciado con la investigación de denuncias de este tipo de hechos por su posible vinculación transnacional, sin embargo, al no poderse determinar el lugar de la comisión del delito, consecuentemente se ha procedido al archivo de las diligencias. Por lo que, a su criterio, las entidades financieras y las entidades públicas de regulación deben tomar acción inmediata.
La falta de leyes claras dificulta contar con una infraestructura regulatoria que detecte y frene esquemas fraudulentos, como los Ponzi o las falsas ICOs (Ofertas Iniciales de moneda, por sus siglas en inglés y los fraudes financieros que suelen involucrar promesas engañosas de altos rendimientos. Estas tipificaciones de engaño pueden afectar a inversores desprevenidos. Aquí, la educación financiera es clave para evitar caer en estos engaños, expone Villagrán.
Por ahora, el uso de criptomonedas a nivel mundial es muy bajo como medio de pago, es más utilizado por inversionistas que “apuestan” al cambio de precio de estas, por ejemplo, el bitcóin, donde asumen todos los riesgos. “Una alternativa en estudio a nivel mundial, es que los bancos centrales emitan su propia moneda digital”, dice Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.
El jefe de la banca central agrega que a nivel mundial no hay consenso si este tipo de actividad debe regularse. En aquellos países donde esto ha proliferado, se han hecho cambios legales donde lo que se busca es la protección del usuario, fundamentalmente cuando se usan como medio de pago, pero no cuando son usadas como un instrumento de inversión especulativa.
Es un desafío tecnológico para cualquier empresa que dese utilizar criptomonedas, no solo para las entidades financieras. También hace falta una cultura “digital” dentro de la población para su aceptación. “En general, las criptomonedas no han proliferado como medio de pago, precisamente por la falta de costumbre o confianza en la población”, finaliza González Ricci.
¿Cómo operan los criptomercados?
En Guatemala, las empresas que operan con criptomonedas suelen ser plataformas de intercambio (exchanges), empresas de tecnología financiera (Fintech) y operadores internacionales de billeteras electrónicas o e-wallets. Sin embargo, como se dijo anteriormente, estas actividades no están reguladas bajo una ley específica en el país, indica López.
Algunas empresas del ecosistema Fintech que operan con soluciones de pago digital en Guatemala, han comenzado a ofrecer servicios de intercambio de criptomonedas. Y aunque estas empresas intentan cumplir con normativas internacionales de KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero), componentes fundamentales en la lucha contra el crimen financiero y la falta de legislación nacional las coloca en una situación de incertidumbre jurídica, señala Villagrán.
Agrega que, las autoridades enfrentan grandes desafíos al intentar rastrear transacciones que se realizan en las plataformas de blockchain o cadenas de bloques, las cuales utilizan las criptomonedas, ya que requieren de herramientas forenses avanzadas y de personal capacitado en análisis de esos activos digitales. Además, la naturaleza transnacional de las criptomonedas complica la cooperación internacional, especialmente si el país carece de tratados específicos para el intercambio de información en casos de cibercrimen.
Actualmente, la mayoría de los bancos del sistema financiero rechazan las criptomonedas directamente debido a esa falta de regulación específica. Sin embargo, algunos lo empiezan a hacer por medio de alianzas con Fintech, las cuales, actúan como puentes entre los servicios financieros tradicionales y el mundo de las criptomonedas.
En la experiencia de la Fintech INBESTGO, su equipo de cumplimiento trabaja directamente con sus homólogos de bancos aliados para la prevención de fraudes y lavado de dinero. Esto ha sido clave en el desarrollo del ecosistema en Guatemala indica David Aw. cofundador y CEO de la empresa en mención, pionera en este tipo de negociaciones.
¿Regulación específica para criptomonedas?
Aw explica que en esa plataforma han implementado estándares internacionales de cumplimiento, como políticas KYC y AML, incluso sin una regulación obligatoria local. Esto asegura que operen de manera transparente y responsable. Sin embargo, creen que una regulación adecuada es necesaria y beneficiosa para fomentar la confianza y la seguridad, tanto para los usuarios como para las empresas.
La normativa debe tener requisitos de licenciamiento para empresas cripto. Esto existe de forma privada con los bancos. Sin embargo, tenerlo claro agiliza este tipo de emprendimientos. De igual manera, debe contar con estándares de seguridad cibernética.
Y aunque en el país se discute lo relativo a la creación de una ley de ciberseguridad, los entrevistados coinciden en que, la legislación que regule el uso de las criptomonedas requiere de una normativa diferente. Esto porque la primera se centra en la defensa y la resiliencia de las redes y sistemas informáticos, mientras que la segunda se centra en los aspectos financieros y de comercio digital de estas tecnologías.
Señales de alerta con las criptomonedas
De acuerdo con las fuentes consultadas, las criptomonedas traen innovación, pero también conllevan riesgos que los usuarios deben conocer, como las estafas o esquemas fraudulentos, pérdida de claves privadas que puede llevar a la pérdida total de fondos, así como ciberataques o phishing; intentos de obtener acceso a cuentas o billeteras de usuarios. Hasta el momento, los operadores de justicia en el Estado de Guatemala no cuentan con equipos tecnológicos para seguir este tipo de activos.
- Rendimientos exorbitantes: Ofertas que prometen ganancias atractivas, incluso del 200%, sobre todo rendimientos superiores al 80-90% ya son alarmantes.
- Personajes excéntricos: Muestran autos lujosos, ropa de marcas costosas y un estilo ostentoso. Su objetivo es convencer a través de su imagen y aparentar éxito.
- Ofertas “irresistibles”: Usan frases como: "Es el momento de comprar porque está en descuento". Carecen de respaldo legal, documentación clara o listado en plataformas reconocidas.
- Sitios web aparentemente legales: Diseñan páginas profesionales para aparentar confianza. Hay que tomar en cuenta que tener un sitio web, en apariencia, bien hecho, no garantiza seguridad ni autenticidad.
Fuente: Forbes México, Eloisa Cadenas, confundadora del primer stablecoin mexicano, PXO, CEO de Cryptofintech y profesora del doctorado de criptoactivos por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam)
Este contenido se produce bajo la alianza editorial “No permita que lo estafen”, en conjunto con la Asociación Bancaria de Guatemala, un convenio que busca crear conciencia a los guatemaltecos sobre los peligros de las estafas en línea.
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