Tanto el MP como el OJ han justificado su falta de acción en que no han recibido ninguna solicitud del juez para que intervengan.
Gálvez Aguilar es juez de Mayor Riesgo B y ha tenido a su cargo varios procesos penales, “no solo de corrupción, sino también en temas de conflicto armado”, explicó ayer a Prensa Libre, al tiempo que reconoció el hostigamiento del que ha sido víctima.
El juez señaló que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), estuvo presente en la audiencia en la cual se resolvió enviar a juicio a nueve personas en el caso Diario Militar, en el cual se documenta la desaparición de 183 guatemaltecos contrarios al régimen militar durante el conflicto armado interno.
“He previsto la posibilidad de las denuncias”, advirtió Gálvez, quien señaló que tiene una agenda cargada de audiencias y, además, hará un requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues considera que “tiene que tomar una postura” respecto de las amenazas, las cuales arreciaron luego de la resolución en el caso Diario Militar, la semana pasada.
“Es tan evidente lo que está pasando en Guatemala”, dijo Gálvez, al mencionar que las acciones intimidatorias no son solo contra los jueces y fiscales, sino también alcanzan a defensores de derechos humanos y periodistas. “Es una represión a nivel general. Todos estamos entrando en el paquete”, afirmó, y lamentó que no se den mayores pronunciamientos por parte de la misma población, tomando en cuenta la importancia de la independencia judicial.
Sin investigación ni requerimiento
“Al momento no se ha recibido una denuncia al respecto”, indicó el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, respecto de las amenazas recibidas por Gálvez.
Con esas declaraciones, Pantaleón reconoció ayer que no se han emprendido investigaciones al respecto.
Por su parte, el OJ informó que no ha ingresado ningún requerimiento por parte de Gálvez a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en la Dirección de Seguridad Institucional y la presidencia del organismo, por lo que “no se tiene información que se haya presentado por parte del juzgador alguna denuncia en relación con amenazas que haya sufrido por sus resoluciones”, indicó el portavoz Fredy Calderón.
Calderón recordó que los jueces que tienen seguridad, como Gálvez, conocen el procedimiento, y ante cualquier irregularidad deben dirigirse a la presidencia del OJ, que posteriormente remite el caso a la Dirección de Seguridad Institucional, “quienes hacen un análisis de riesgo y determinan el nivel de amenaza”.
El vocero agregó que el OJ mantiene el esquema de seguridad que se le ha brindado a Gálvez y a todos los jueces a cargo de casos de alto impacto.
De acuerdo con los registros del OJ, hasta el 10 de mayo último suman mil 253 jueces distribuidos en 731 órganos jurisdiccionales a escala nacional.
🚨 La AGJI condena las amenazas en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez
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— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) May 10, 2022
Las amenazas
El pasado 6 de mayo, el director de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, publicó en su cuenta de Twiter una fotografía de Gálvez, acompañada del texto “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez. La FCT se hace cargo”.
Dos días después escribió: “Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la FCT lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista. Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Érika Aifán. Empeño mi palabra en eso”.
Posteriormente anunció que en los próximos días se promovería un antejuicio contra el juez.
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Preocupa independencia judicial
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó las amenazas contra Gálvez y dijo que “atentan de manera directa en contra de la independencia judicial” y “ponen en riesgo la seguridad física y jurídica de un administrador de justicia por el cumplimiento de sus funciones”.
El Movimiento Pro Justicia también denunció que los operadores de justicia en Guatemala se enfrentan a una situación de violencia política que amenaza su libertad, su vida, paz y tranquilidad para ejercer libremente como jueces, fiscales, defensores y litigantes.
Advirtió de que la cooptación hace inoperantes a las instituciones de justicia, por lo que incumplen con sus funciones constitucionales y se violentan los derechos, libertades y garantías de que gozan los operadores de justicia, por lo que hace un llamado al OJ y al MP a velar por la seguridad de jueces, en especial del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.
Desde la perspectiva internacional, esas acciones intimidatorias “son muy graves”, así como la falta de pronunciamiento por parte del OJ, “pues es su responsabilidad salvaguardar la independencia judicial”, indicó Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, del Colegio de Abogados de Nueva York.
Chávez Alor señaló: “Si no hay independencia judicial, no hay estado de Derecho”, porque si un juzgador no resuelve como a alguien le gusta, “entonces terminan denunciados”. Indicó que si alguna de las partes involucradas no está de acuerdo con determinados fallos, puede presentar las acciones legales correspondientes.
En este caso debería surgir una investigación de oficio por parte del MP, opina Chávez Alor, quien criticó que cuando se publica algún artículo en medios internacionales, “allí sí dicen que van a iniciar una investigación”, pero en el caso del juez Miguel Ángel Gálvez no hay reacción, lo cual demuestra que organizaciones como FCT “pueden actuar en una completa impunidad”.
Nos solidarizamos con los operadores de justicia en el exilio y con quienes están aquí, afrontando los rigores de la embestida de la impunidad.
Deploramos las amenazas contra el juez Miguel Ángel Gálvez, un distinguido profesional a quien hoy atacan por honorable e independiente. pic.twitter.com/Wg6bGZ8kxv— ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) May 11, 2022
