No serán electos en los próximos días, tampoco en los siguientes meses, incluso los analistas consultados coinciden en que las cortes no serán renovadas ni en los próximos tres años porque a lo largo de este tiempo existen excusas que podrían retrasar o impedir la elección de los funcionarios hasta 2024, cuando de nuevo se convoque a una postuladora y comience un nuevo proceso. Para entonces la actual magistratura estaría completando 10 años en sus cargos.
Es el Congreso el que debe elegir las cortes y ha retrasado el proceso durante los últimos dos años. Incluso, en mayo del 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó que se eligieran, no obstante, aunque se agenda en las sesiones, no existen consensos.
Los siguientes meses el interés se centra en la elección de la Junta Directiva y en la aprobación del presupuesto del 2022, que deberá financiar el año preelectoral.
Jorge Wong, politólogo y analista independiente, opina que quien presida la Junta Directiva deberá cabildear los temas que serán principales, tanto para el Gobierno como el Congreso. Sin embargo, afirma que se están relegando temas importantes como las elecciones de las cortes y leyes pendientes de ser aprobadas, las cuales son importantes para el país.
Dos meses por delante
El Congreso tiene la decisión, por mayoría parlamentaria, de no elegir a los magistrados, porque los actuales son cómodos a sus intereses, opina Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia.
“En junio de 2020, ellos decidieron crear un mecanismo que les permitió jugar con el tiempo, con la agenda, y, por supuesto, retrasar tanto como sea posible la elección de los magistrados. No van a elegir porque tienen la decisión de no hacerlo, y no es por falta de tiempo, o porque la agenda esté complicada, es porque está decidido a mantener a los actuales magistrados en sus cargos”, señaló Ibarra.
Faltan menos de dos meses para que termine la actividad parlamentaria ordinaria de 2021, por lo que ProJusticia asume que la agenda que tienen por delante es la elección de la directiva y la discusión del Presupuesto General de la Nación. No hay espacio para más.
Siguiente año
El siguiente año estará marcado por eventos que inciden de forma directa en el sistema judicial. En mayo de 2022 debe asumir el nuevo fiscal general, luego de un proceso de postulación que iniciará en enero del 2022. Además, se elige al nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en una convocatoria que se hará en abril.
En cuanto al nuevo jefe del Ministerio Público, la comisión de Postulación estará presidida por la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdés, y la integran el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y decanos de Derecho de las universidades del país.
Terminando la elección del fiscal general comenzará la del procurador de los Derechos Humanos, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que se constituye como postuladora, un tema muy importante y confrontativo para los diputados, por la importancia del cargo.
Finalmente, la elección del contralor general de Cuentas, lo cual mantendrá ajetreada la agenda política del sector justicia del país hasta agosto, cuando asuma el nuevo funcionario. Esta postuladora la integran los colegios profesionales y la preside, por sorteo, un decano de Economía de las distintas universidades del país.
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Luego de estas elecciones, en el último trimestre del año, el interés se concentrará en la nominación de candidatos y preparativos antes de la convocatoria de elecciones generales, que tendrán lugar en junio del 2023.
Otro factor que señala Ibarra es que los candidatos a magistrados no querrán ocupar el cargo por menos de cinco años, lo que cada vez hace más difícil que haya interés en que se renueven los mandatos a mitad del período.
Efectos en la justicia
Las actuales cortes han sido blanco de muchas críticas, porque se ha visto politizada, pese a que su principal función ha sido impartir justicia.
Para Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el origen de la extensión de los magistrados en el cargo fue un fallo de la Corte de Constitucionalidad, porque alteró el método de elección.
“Tiene que haber una elección a viva voz, uno por uno, lo cual es de cumplimiento imposible. Además, la sentencia tiene imprecisiones, por lo cual ningún diputado quiere hacerse responsable, porque de cualquier forma que elijan estarán violando la Constitución o el fallo”, afirmó Quezada.
Agregó que el que no haya cortes causa que las decisiones a corto y largo plazos no se toman con seguridad por los actuales magistrados, porque no tienen certeza de cuánto tiempo ocuparán los cargos.
“Van trabajando el día a día. Las grandes decisiones para componer el sistema de administración de justicia, como bajar la mora judicial, mejorar la calidad de los fallos y selección del personal no las pueden tomar con una Corte transitoria. Nadie puede responsabilizarse en algo que en 24 horas ya no esté”, enfatizó.
Para Wong, el panorama de los próximos años incluye negociaciones descaradas, porque a los políticos solo les interesan sus propios beneficios. Agregó que el acomodamiento por no tomar decisiones importantes para el país, como la renovación de las cortes, no proviene únicamente del Congreso, sino también de un Ejecutivo acomodado.
