La reforma también contempla cambios al Código Procesal Penal, para evitar que los sindicados retrasen los procesos a través de acciones que no siempre son procedentes, como lo que ha sucedido con la exvicepresidenta Roxana Baldetti o la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, por ejemplo, que recusan a los jueces o no se presentan a las audiencias aduciendo problemas de salud.
La magistrada Delia Dávila, integrante de la Cámara Penal, indicó que las personas, en el uso de su derecho de defensa, acuden a diversas acciones y recursos que retrasan los procesos.
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Un ejemplo es el caso La Línea, cuyo proceso empezó hace tres años y aún no se ha podido celebrar la audiencia de ofrecimiento de pruebas.
“Ya se trabaja una iniciativa de ley para la tramitación de esos casos que tienen complejidad y que no es igual a un caso en el que hay uno o tres sindicados. También se proponen reformas en las que se especifique que no se puede decir que hay un retardo malicioso en la justicia cuando las causa que originan ese retraso son realizadas por los mismos sindicados”, explicó Dávila.
Los proyectos se discuten en varias mesas técnicas, refirió.
Entre estos se conoce el proceso para casos complejos, que busca regular los plazos y los procedimientos para diferenciar los sencillos o más comunes.
“No son los mismos tiempos en los que los jueces deben practicar las audiencias, sino que para resolver la situación jurídica de 40 sindicados tienen que escucharlos a todos, y eso no es en un día. El proceso puede tardar hasta un mes”, explicó la magistrada.
Agregó que no les parece coherente que algunos sindicados planteen demasiadas acciones y luego imputen el atraso a los jueces. En ese caso los juzgadores se ven obligados a darles trámite a todas las acciones interpuestas y los procesos se prolongan.
La magistrada manifestó que los proyectos serán socializados en el pleno de magistrados en cuanto finalice el proceso de discusión técnica. Luego serían enviados al Congreso para que los someta a aprobación.
Reacciones
Juan Francisco Sandoval, fiscal especial contra la Impunidad, indicó que aunque desconoce sobre los proyectos, si de lo que tratan es de descongestionar los tribunales de justicia y agilizar los procesos es una iniciativa positiva.
“Aplaudo su implementación. El hecho de que se tome en consideración que el Código Procesal Penal fue diseñado para imputar a una persona, y hemos visto que las estructuras criminales son plurisubjetivas. De la misma manera es plausible la iniciativa que se está discutiendo en cuanto a castigar el litigio malicioso, porque lo que hacen es retrasar los procesos, y no es que perjudique a la Fiscalía o a los jueces, sino perjudica a las personas sometidas a procesos”, explicó.
El abogado penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino coincide con Sandoval.
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“El gran problema son los juicios colectivos. El Código Procesal Penal está diseñado desde una óptica o un proceso que juzgue a una persona; por lo tanto, los plazos son fatales, la obligación de llevar a un tribunal a una persona en las primeras seis horas, o la obligación de hacerle saber su motivo de detención en las siguientes 24 horas”, refirió.
Recordó que en el caso Cooptación del Estado hubo más de 60 sindicados y la audiencia de primera declaración duró tres meses. Los beneficiados con medida sustitutiva estuvieron presos por tres meses, pero lo peor es que a los que se les dictó falta de mérito estuvieron tres meses presos”.
Nidia Arévalo de Corzantes, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, declinó brindar su opinión al ser consultada sobre esta iniciativa.
Casos
Una larga lista de casos están en proceso, según datos proporcionados por la Corte Suprema de Justicia que corresponden al período 2015-2017.
- Casos de Mayor Riesgo:
289 casos ingresaron
2012 personas fueron sindicadas
- Sentencias de Mayor Riesgo:
1 mil 291 personas fueron sentenciadas por los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo
150 querellas fueron resueltas a través de procesos abreviados
- Sentencias por extorsión:
5 mil 477 personas fueron sentenciadas por extorsión
4 mil 844 personas fueron condenadas por juzgados ordinarios
633 personas fueron condenadas por juzgados de adolescentes en conflictos por la ley penal
- Bienes extinguidos:
US$23 millones 931 mil 625
Q11 millones 574 mil 262
52 fincas
13 armas de fuego
108 vehículos de transporte terrestre
1 vehículo de transporte marítimo
6 aeronaves
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