La Feci señaló que una red criminal usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.
La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.
El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.
Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., financieras vinculadas a Herrera, habrían vendido por Q232.7 millones, cuando le habrían costado Q220 mil. Hasta julio de 2013, las autoridades habrían recuperado Q228.5 millones de los Q350 millones defraudados.
Otra resolución de la CC
La CC rechazó, en definitiva, el amparo que pretendía anular un convenio de entre MP y colaboradores eficaces del caso Odebrecht
La Procuraduría General de la Nación (PGN, había impugnado el convenio entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y sindicados de participar en actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
La PGN pretendía anular el convenio de colaboración eficaz y en mayo de 2018 impugnó parcialmente ese convenio argumentando que ellos estuvieron presentes en la formulación de condiciones para resarcir al Estado de Guatemala por la corrupción causada en el caso Odebrecht.
Señalaron en ese año que el convenio de colaboración eficaz afectó el procedimiento administrativo por solucionarlo en el proceso penal.
“Habíamos sido consultados sobre un monto de reparación al Estado por US$ 17.8 millones por las coimas y eso fue aceptado, con lo que no estuvimos en desacuerdo en el convenio es porque lo vincularon directamente con los términos de la liquidación del contrato administrativo, eso es algo que debe resolverse por el Ministerio de Comunicaciones”, argumentó la PGN en mayo de 2018 cuando comenzó a impugnar la colaboración eficaz.
