Ella fue electa mediante una votación pública del CSU, y algunos que cuestionan el procedimiento, como Fundación contra el Terrorismo (FCT) aseguran que se violó una de las principales normas de la Usac.
Aseguran que la votación debe de ser secreta y que por consecuencia dicha elección a favor de Porras no tendría valides, estas dudas han hecho que la abogada no pudiera asumir el cargo.
Incluso por recursos legales minutos antes a la juramentación que hizo el Congreso de la República, el Pleno de diputados decidió no juramentarla para evitar problemas legales.
Pero los abogados de la organización AC, Edie Cux y Manfredo Marroquín, consideran que la acción del Congreso fue arbitraria y olvidó el derecho de defensa de la magistrada electa mediante un proceso transparente.
Para lo cual presentaron una acción de amparo ante la CC que pretendía fuera suficiente para que obligara al Congreso a juramentar a Porras, para que luego pudiera asumir su magistratura constitucional.
Pero una reciente sesión del Pleno de la CC rechazó el amparo afirmando que no existen los abusos y arbitrariedades señaladas por los abogados, respaldando de esa manera al Congreso que negó juramentar a Porras.
En esa sesión constitucional se contó con la presencia de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez y Leyla Lemus; junto a los suplentes Luis Rosales y Claudia Paniagua.
