Dos conclusiones a que llegó el Cien en el informe, elaborado por la investigadora Corinne Dedik, son que “en dos meses en funciones hay seis personas que usan el Control Telemático y hay poca información sobre su aplicación y funcionamiento, aunque sí existen protocolos de coordinación interinstitucional”.
Las seis personas que usan una tobillera electrónica de control judicial fueron beneficiados con una medida sustitutiva, otros pidieron una revisión de medida y hasta ahora no hay ninguna persona en cumplimiento de condena que haya recibido este beneficio.
De acuerdo con el informe del Cien todos los casos son autofinanciados y ha habido una solicitud de estudio socioeconómico para poder tener acceso a esa tecnología de control.
Tres de las personas que usan la vigilancia electrónica tienen el proceso penal en la Ciudad de Guatemala, otra en Villa Nueva, que fue la primera y las otras dos en Quetzaltenango y Quiché.
De acuerdo con Dedik el cálculo de personas con posibilidades de medidas sustitutivas y uso de la tecnología sobrepasan los dos mil.
Tres mil 535 privados de libertad, según el informe del Cien, basados en datos del Sistema Penitenciario, no pueden acceder al Control Telemático por el tipo de delito que cometieron y establecidos en el artículo 264 del Código Procesal Penal.
“No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y hurto agravado”, reza ese artículo.
“También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República. Ley contra la Narcoactividad”.
Según Dedik la tasa de reincidencia en el país es del 60 por ciento. Además, el costo del Control Telemático resulta mejor que tener a las personas en prisión. El costo diario por el dispositivo es de Q50 mientras que en una cárcel se gasta Q57 cada mes.
Según Dedik “debido al próximo cambio de gobierno y posible cambio de personal operativo, se recomienda fomentar la aplicación de esta herramienta y socializar el proyecto, especialmente en el gremio de abogados, defensores públicos penales y jueces”.
Otra consideración de la investigadora del Cien es que se hace “necesario afinar la coordinación interinstitucional, lo que incluye asegurar un registro sistemático de datos estadísticos para permitir evaluaciones del proyecto y proyecciones a futuro”.
Además, “fortalecer la institucionalidad de la Unidad de Control Telemático para asegurar la permanencia del conocimiento adquirido”.
🟣 "Actualmente hay seis personas que portan un dispositivo de Control Telemático en Guatemala" comparte @CorinneDedik en #SeguridadGT: pic.twitter.com/D8nTlAJeTp
— CIEN (@CIENgt) August 17, 2023
Guatemala aprobó la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto 49-2016, a finales de 2016, pero la implementación se retrasó hasta 2023.
Esta legislación establece las modalidades de pre-trial (medida sustitutiva), back door (fases de pre-libertad y libertad controlada en el cumplimiento de las condenas) y como medidas de protección a las víctimas. Además, se norma que la medida puede ser revocada en caso de incumplimiento de condiciones.
De acuerdo con Corinne Dedik el Control Telemático es “un sistema de vigilancia, que consiste en que el sindicado o condenado queda sujeto al control por parte del Estado sin necesidad de encontrarse privado de libertad”.
Y las ventajas que confiere, según la experta, es que permite establecer previamente restricciones de movimiento o la prohibición de desplazarse a lugares no autorizados.
“Hay que tener en cuenta” añadió Dedik, “que no es una medida o sanción per se, sino una herramienta que se combina con otras medidas”.
