El ente fiscalizador señala que los funcionarios de la Sosep incurrieron en incumplimiento de deberes, al avalar compras irregulares de alimentos en el programa “38 obras sociales”, el cual atiende a niñas y niños menores de siete años y adultos mayores.
Según la denuncia de la CGC, las adjudicaciones realizadas son por Q60 millones 765 mil 959.35.
“Las autoridades responsables en su calidad de funcionarios y empleados públicos, no cumplieron con las funciones inherentes al cargo, evidenciando incumplimiento de deberes y falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, así como los demás delitos que puedan surgir de la investigación que realice la autoridad competente” se lee en el expediente recibido en el MP.
Dicha dependencia sostiene que las autoridades “debieron de promover prácticas transparentes en su ejecución presupuestaria”.
Los hallazgos
Agrega en la misma denuncia que los responsables tuvieron que efectuar “eventos de contratación por licitación y cotización por la cantidad de beneficiarios de las respectivas actividades y la ejecución presupuestaria evitando beneficiar a 14 proveedores”.
Entre los hallazgos descritos por la CGC, están por ejemplo el caso de Julio Castellanos, quien vendió a la Sosep más de Q6 millones.
Dicho proveedor tenía como actividad económica principal la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo de materiales de fontanería. En febrero de 2023, amplió su actividad económica a la venta de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor.
A la denuncia también se agrega que las autoridades utilizaron recursos del fondo rotativo de la Secretaría para comprar alimentos.
Manzanas, huevos, arroz, galletas, jugos, atún, entre otros productos fueron adquiridos.
Además, la CGC analiza la posibilidad de constituirse como querellante adhesivo en este caso.
En la denuncia planteada se mencionan funcionarios de la administración anterior que fungieron en diferentes unidades en la Sosep y quienes habrían autorizado los gastos irregulares.
- Erick Orlando Rivas Amaya, director ejecutivo
- Evelin Karina Colindres Gonzáles, ingeniería de proyectos
- Javier Alejandro Evans Bolaños, subdirector ejecutivo
- José Alberto Turtón de León, subsecretaria de promoción social
- José Juárez Bolaños, director ejecutivo
- Marcel Antonio Ortega Ruiz, contador del programa
- Óscar Antonio Cruz Quiñónez, subsecretario de promoción social
En la mira
El 30 de enero del 2022, la Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) interrumpió el traslado de los recursos que forman parte de un convenio que permite alimentar a 70 menores que cohabitan con sus madres en prisión.
La denuncia pública la hizo la exdiputada Ligia Hernández, que integraba el Movimiento Semilla, quien convocó a una reunión de trabajo del Colectivo Artesana, organización encargada de la logística y distribución de los alimentos, así como representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y autoridades de Sosep y de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
En ese encuentro, Hernández dijo que las autoridades de la Sosep argumentaron que existía una serie de hallazgos por parte de la CGC al convenio, por lo que no le habían dado cumplimiento.
Sin embargo, la diputada afirmó que los hallazgos a los que se refiere la Sosep eran de tipo administrativo y eran errores que la Sosep cometió en la redacción o elaboración de los informes.
Por lo anterior, Hernández advirtió de que la Sosep recaía en “incumplimiento e ilegalidad, porque hay deficiencias administrativas que tienen que ver con la poca capacidad de conducción”, por lo que consideró que se asumen compromisos sin capacidad institucional, lo que afecta la vida y el desarrollo de los menores.
