Justicia

Consuelo Porras pide destitución de funcionarios del Gobierno y que se ordene procesar a Arévalo  

La fiscal general señala al Ejecutivo de querer “tomar el control del Ministerio Público” y pide a la CC que se destituya a varios funcionarios del Gobierno y que ordene procesar al presidente Bernardo Arévalo.

Las tensiones entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras se han incrementado en los últimos días. (Foto Prensa Libre: EFE y captura de pantalla de video del MP)

En un mensaje de 17 minutos publicado en redes sociales, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, criticó este miércoles 31 de julio la gestión del presidente Bernardo Arévalo y lo señaló de mentir respecto al trabajo de la Fiscalía; además, solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se destituya a varios funcionarios y se ordene procesar al mandatario.  

Porras presentó este miércoles una debida ejecutoria en la CC para que se cumpla con un amparo provisional que fue otorgado el pasado 8 de mayo a favor del MP, en el que se ordena que el Ejecutivo debe evitar acciones “que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”, esto referente a las criticas y señalamientos que se hacen en contra de la fiscal y varios de sus funcionarios por acciones legales relacionadas al proceso electoral.

Por ejemplo, recientemente el Gobierno criticó acciones del MP relacionadas al supuesto secuestro del Padrón Electoral; sin embargo, Porras en su video asegura que eso no ocurrió.

“Hemos presentado ante la Corte de Constitucionalidad una debida ejecución de la resolución de amparo provisional que nos fuera otorgado el 8 de mayo de 2024, ya que al no cumplir con lo ordenado por la Corte deben quedar separados Ipso facto de sus cargos (…) el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta; y el ministro de Finanza, Jonathan Menkos; como autoridades denuncias, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, cuya subordinación depende del presidente de la República”, dijo Porras en su mensaje.

Además, Porras exige a la CC el “inmediato encausamiento” para librar la certificación de lo conducente para iniciar el proceso penal en contra del presidente Bernardo Arévalo de León, a quien señala de pretender tomar el control de la Fiscalía, pese a la advertencia hecha en el amparo provisional de mayo pasado.

La fiscal señala a Arévalo de mentirle al pueblo y de dejar por un lado los intereses de la población en temas de seguridad, economía y desarrollo mientras emprende acciones en busca de sus destitución.

Críticas

La fiscal general, sancionada por EE. UU. y la Unión Europea por supuestamente favorecer la corrupción en Guatemala, también criticó el informe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque, a su criterio, no se consignó la información que se les proporcionó durante un encuentro en el MP; además, asegura que varias de las recomendaciones que el ente internacional hace están dirigidas al Gobierno de Arévalo, principalmente cuando se habla de delitos patrimoniales y en contra de la vida.

También dijo que los niveles de pobreza y el incremento a la canasta básica han llegado a sus límites “generado por la ineptitud” de que en 47 días no se ha habilitado el paso por la autopista Palín – Escuintla.

Añadió que el alza en el precio de la canasta básica es el resultado de las protestas que se efectuaron luego de que Arévalo ganara la Presidencia.

Porras asegura que hay “constantes engaños” y que existe un “patrón sistemático de ataque” con las falsas acusaciones en contra del MP.

Qué dice el Gobierno

Respecto a las acciones y declaraciones de la fiscal general, el Gobierno de la República dijo por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que se trata de una “acción absurda y sin sentido”.

Añadieron que Porras es “una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población”.

Además, refieren que es “un evidente atentado contra la libertad de expresión”.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.