Justicia
Consuelo Porras ofrece que el MP pronto dará detalles sobre casos del CIV
Fiscal general habla sobre las denuncias de supuestos pagos irregulares y una supuesta red de trata de personas en el CIV; además, se refirió al avance de la investigación por el caso de las vacunas Sputnik.
María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del MP. (Foto Prensa Libre: Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, dijo este jueves 30 de mayo que pronto se darán detalles del avance de las investigaciones de los casos de supuestos pagos irregularidades en el Ministerio de Comunicaciones (CIV), la supuesta existencia de una red de trata de personas en la misma cartera y por el caso del contrato de la compra de vacunas Sputnik.
Con relación a los supuestos pagos irregulares y la presunta red de trata de personas en el CIV, porras explicó que los fiscales a cargo trabajan para sustentar las acusaciones correspondientes.
“Es importante advertir que (…) todas las denuncias recibidas en el Ministerio Público se investigan. En ese sentido, ustedes han advertido que los fiscales están recabando todos los medios de investigación para tener el sustento y poder determinar la salida legal correspondiente”, dijo Porras al salir de una reunión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).
“Así que están en avance las investigaciones en estos casos y oportunamente ustedes mismos van a tener la oportunidad de poder tener el conocimiento de cómo se va a resolver cada uno de estos casos particulares”, agregó la fiscal general.
Respecto a por qué no se ha citado a exfuncionarios que podrían estar implicados en los casos, Porras dijo que requerirá la presencia de quienes sea necesario, pero eso de va a determinar mientras avanza la pesquisa.
“Se van a citar a todos, definitivamente, muchas veces hay citaciones, muchas veces de la investigación que se adquiere con cada uno de los fiscales, pues obviamente no hay citaciones, sino que hay órdenes de aprehensión, dependiendo de cada caso en particular”, agregó Porras.
También dijo que “no todos los casos llevan la misma ruta de investigación y consecuentemente serán los fiscales los que van determinando si realmente hay citaciones o si no de una vez se piden las órdenes de aprehensión, de conformidad con los medios de investigación que ellos puedan haber recabado”.
Respecto a la investigación por el caso de las vacunas Sputnik, Porras dijo que se han efectuado varias diligencias en los últimos días.
Agregó que el fiscal a cargo del caso “va haciendo toda la investigación que considere necesaria para poder determinar la posible participación de responsables y por eso se desarrolla todo este tipo de diligencia. Así que en los próximos días van a tener ustedes información de cómo se va a ir arribando a las conclusiones fiscales”.
Los casos
La Comisión Nacional contra la Corrupción publicó el 21 de mayo pasado un requerimiento que envió al CIV para que informe avances sobre indicios de una supuesta red de trata de personas que habría operado en la institución.
Según indicó en la publicación, la posible red de trata de personas se habría instaurado en la institución durante administraciones anteriores.
“Las acusaciones son graves y, de comprobarse su veracidad, suponen una violación a los derechos humanos de las personas involucradas y una trágica muestra más de los niveles de corrupción que perjudican al Estado”, señaló la Comisión.
Se añadió que la solicitud se efectúa luego de una investigación periodística y, por la gravedad de las acusaciones, se espera un reporte detallado con particularidades, personas afectadas y posibles responsables de beneficiarse de la red.
“De confirmarse, representa un acto denigrante, repugnante e inhumano, además de una evidente violación a los derechos humanos. Así mismo, es un posible indicio de una acción recurrente de criminalidad y corrupción instaurada por administraciones anteriores, cuyo nivel de perversidad dejó consecuencias catastróficas en la administración pública y en la sociedad”, añade la Comisión.
Además, en conferencia de prensa, el 20 de mayo recién pasado, el presidente Bernardo Arévalo explicó los motivos de la remoción de la exministra Jazmín de la Vega, los cuales se centran en pagos por deudas de arrastre a diversas empresas favoreciéndolas.
De acuerdo con los detalles que brindó el mandatario, por el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se acordó que los pagos se realizarán cada tres o cuatro meses, para que todas las constructoras reciban los desembolsos de manera paulatina. Aclaró que una misma empresa no puede recibir un pago dos meses seguidos.
"Los pagos de deuda de arrastre se debe distribuir porque el monto de los compromisos es mayor a la disponibilidad financiera", aclaró Arévalo.
En otro caso, el Gobierno de Guatemala denunció penalmente el 4 de abril pasado a la exministra de Salud, Amelia Flores, por la polémica compra de vacunas rusas anticovid en 2021 durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, quien enfrentó críticas de posible corrupción por la adquisición.
La denuncia fue interpuesta contra Flores, quien suscribió un contrato confidencial con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), dijo en conferencia de prensa el procurador general de la Nación, Julio Saavedra.
Saavedra indicó que la denuncia contra Flores se interpuso por la posible comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes y Peculado o Malversación de fondos.
En 2021, la entonces titular de la cartera indicó que se había negociado con la empresa Human Vaccine LLC, por una compra de ocho millones de dosis de vacunas y por la cual se desembolsarían Q614.5 millones correspondientes al 50% de lo negociado.
El contrato entre el Estado de Guatemala y la empresa rusa se mantuvo bajo confidencialidad durante el gobierno anterior, a pesar de señalamientos que se hicieron por parte de diversos sectores.
Durante la gestión anterior, las autoridades insistieron en que la empresa rusa requirió la confidencialidad de la negociación.
ESCRITO POR:
César Pérez Marroquín
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.
