Luego de la investigación, la fiscalía tiene 556 medios de investigación documental y 45 medios de investigación material contra el exlegislador.
El caso se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.
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Según la Feci, Escribá mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
El exdiputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales. Finalmente, cuando se entregó al juzgado, quedó en prisión preventiva.
