El grupo fue integrado por familiares y víctimas del conflicto armado, representantes de ocho delegaciones de los 22 departamentos del país.
El ritual también incluye una rogativa por el caso Sepur Zarco, que se desarrolla en la Sala de Vistas de la Corte en su fase conclusiva y se espera que la próxima semana se pueda conocer la sentencia.
Luego de la actividad frente a la CSJ el grupo realizó una caminata pacífica por el Centro Histórico, pasando por el Palacio Nacional de la Cultura y finalizó en el Congreso donde se entregó al presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, una propuesta que sirva para garantizar el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno.
Durante la camitana se recordó a las 42 mil 275 víctimas que dejaron los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, entre quienes hubo muertos, desaparecidos y desplazados. Además, se pidió el desembolso de Q300 millones para resarcir a los familiares.
Los pobladores también esperan elevar un mensaje similar al Ejecutivo, pues buscan incrementar los fondos para el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que cada año en los últimos cinco se ha visto mermado.
Critican manejo del PNR
Este miércoles el Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit en conferencia de prensa advirtió que el PNR está en riesgo por la baja asignación presupuestaria; además en los últimos 12 años ha incumplido con sus obligaciones.
De los 54 mil 952 reclamos que se han presentado, solo han sido atendidos 16 mil 440, según un comunicado divulgado por la organización.
Miguel Itzep en representación de la organización, aseguró que durante los 12 años de vida del PNR se ha observado su “inoperancia” porque “se ha negado la asistencia a las víctimas” , sobre todo durante los últimos cuatro años.
De acuerdo con Q'anil Tinamit, la reparación digna a las víctimas del conflicto armado interno sólo se podrá lograr con “el conocimiento de la verdad y la justicia”.
Recordó que en julio de 2015 las autoridades del PNR se comprometieron a resarcir a 12 mil víctimas de 550 comunidades de 10 departamentos de Guatemala bajo una estrategia anual que concluirá en el 2020, pero el acuerdo “está archivado” por falta de recursos.
