El último informe, hecho oficial por el Departamento de Estado de EE. UU. esta semana, incluye a los magistrados Nery Oswaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana en la lista de nuevos sancionados. Con ellos son tres de los actuales nueve magistrados que ya ocupan un lugar en la mencionada lista, a quienes señala, entre otros, de participar en actos de corrupción o de socavar la democracia e institucionalidad de un país, según la definición del Departamento de Estado.
La citada lista, que se actualizó por segundo año consecutivo, incluye ahora a estos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes señala de desvirtuar el proceso o las instituciones democráticas mediante una trama en la cual los candidatos habrían negociado de manera ilegal, a través de operadores políticos, un puesto en la nómina de elegibles para ocupar los altos cargos en la CSJ y salas de Apelaciones. El caso fue denominado Comisiones Paralelas 2020.
El 1 de julio del 2021 fueron incluidos el magistrado de la CSJ Manuel Reguinaldo Duarte Barrera, así como Néster Mauricio Vásquez Pimentel, quien dos semanas antes había tomado posesión en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Asimismo, la magistrada separada del cargo Blanca Aída Stalling Dávila, quien en días recientes solicitó ser reinstalada en su puesto en la CSJ, luego de que su caso fue sobreseído.
Renovación no llega
Mientras los magistrados continúan en el cargo y ya rebasaron los mil días de extensión de funciones, el Congreso, encargado de elegir a sus sustitutos, no muestra voluntad política para cumplir con el mandato constitucional. Muestra de ello es que durante el primer período de sesiones de este año programó en 44 ocasiones la elección de cortes, sin llegar ni una sola vez a tocar ese punto en la agenda de sesiones.
“Están muy cómodos con esta CSJ que les ha ido resolviendo temas de interés para la alianza política dominante. Con la actual CSJ se ha ido modificando la ruta de casos de alto impacto contra la corrupción, por lo que los aliados no quieren cambios, porque les deben un favor. Qué mejor que mantenerlos devengando significativos salarios y prebendas por dos períodos”, opinó Carmen Aída Ibarra, directora de ProJusticia.
A su criterio, el no haber impulsado la renovación de cortes les permitió mantener una CSJ aliada en procesos de elección clave.
“Con esta CSJ han logrado el control de las instituciones de poder democrático y del sector justicia. Aseguraron la CC, MP, CGC, Inacif y ahora la PDH, y van a tener todos los órganos de control. Ya hay una cooptación del Estado”, indicó.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) considera que Guatemala no respetó el plazo legal para la renovación de las autoridades del Organismo Judicial, lo que representa un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos del Estado.
A través de Congreso Transparente, el Cien puso de manifiesto la falta de voluntad política en el Congreso de renovar la Corte.
“Prácticamente este proceso se quedó parado, y con el nuevo Congreso los desafíos por esos vacíos legales se observan en que los diputados lo ponen —programan— de oficio, pero no tienen la intención de elegir magistrados. De hecho, creo que esta CSJ se va a quedar y luego veremos la elección del siguiente período”, comentó María del Carmen Aceña, del Cien.
“Lo que estamos viendo con la corrupción y la cleptocracia es que se apoderaron de ciertos poderes, pero lo que nosotros necesitamos es ir previniendo la corrupción y cumplir con la Constitución, porque después cada uno hace su ley y la interpreta a su manera”, agregó.
José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), estima que buena parte de este problema se debe a lo compleja que fue la resolución de la anterior CC, que frenó la elección de cortes.
“A medida que nos acercamos al año electoral habrá menos interés y atención de los diputados en la elección de la CSJ. Tendrán que buscar alguna solución, porque la forma que dictó la sentencia la CC lo hace complejo y se usa como excusa”, puntualizó.
