La OPT se encarga de hacer visitas programadas a cárceles, centros de detención para menores de edad, hospitales y otras entidades estatales.
El motivo de las visitas es verificar las condiciones de las personas recluidas y evitar que se incurra en prácticas relacionadas con la tortura y no sean sometidos a tratos degradantes.
Intereses
Sonia Gutiérrez, de Winaq, dice que si bien el cargo es importante, puede ser mal utilizado por “grupos de poder”, en especial porque hubo señalamientos en contra de aspirantes como el exjuez Mynor Moto, contra quien se giraron dos órdenes de captura por el supuesto delito de obstrucción a la justicia por el caso denominado Comisiones Paralelas 2020, y por presunto cobro de sobornos en el caso conocido como Libramiento de Chimaltenango, aunque al fin fueron revocados.
A criterio de la diputada, “la OPT es una de las instancias en las que se juegan intereses. Las instituciones creadas para defender los derechos humanos son instrumentalizadas para otros fines”.
“Las colocan —este tipo de oficinas— en función de los grupos de poder y más bien se pierde el objetivo de la institucionalidad, pues crean inoperancia y no dejan que cumplan el mandato que corresponde”, agregó.
Un ejemplo de que la OPT no cumple su mandato es el mal trato que se dio en la cárcel a la exfiscal Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, expresó.
Laparra fue ligada a proceso por abuso de autoridad y usurpación de funciones, sindicada de haber filtrado información sobre un testigo protegido.
“Y no se hace nada, hay otros líderes que también son víctimas y no vemos el actuar de la OPT”, expuso, al considerar que dicha oficina es utilizada solo para justificar los presupuestos y utilizarlos con otros fines.
“Hay intenciones que ya se materializaron por parte de los diputados que están interesados en que llegue un actor como Mynor Moto, que ya sabemos qué perfil tiene y que se presta a los objetivos y fines perversos de los grupos de poder”, concluyó.
Señalados
El 28 de agosto del 2019 el Congreso eligió como relator titular contra la Tortura a Carlos Solórzano, a quien se señaló de beneficiar a reclusos de alto perfil, extremo que negó. Antes de ocupar ese cargo fue diputado por el desaparecido Partido Patriota.
En marzo del 2022, con 111 votos a favor, el oficialismo nombró relator titular a Lesther Castellanos Rodas, quien denunció a Virginia Laparra y fue incluido en la lista Engel.
Se consultó a Castellanos y mediante mensaje de texto destacó la importancia del cargo que ocupa, aunque no respondió a otras preguntas por señalamientos en su contra.
Botín
“Por desgracia, casi desde sus inicios este mecanismo fue utilizado como botín político, como instrumento que genera impunidad o que protege a sindicados poderosos. Es un mecanismo contra la tortura en el que los relatores usan su cargo para defender a señalados y sindicar a fiscales y jueces que llevan casos de corrupción, alegando que estaban sufriendo tratos crueles”, opinó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.
“Quienes ocupan los cargos de relator se benefician al usar mal los recursos del Estado con las dietas y salarios para plazas creadas para favorecer a amigos y familiares de quienes los eligieron”, añadió.
Voluntad
Antonio Arenales Forno, parlamentario del partido Valor, la tortura es uno de los crímenes contra los derechos humanos que más atención ha recibido en la historia de Guatemala. Sin embargo, reconoce que en los últimos años no se le ha dado la importancia necesaria a los mecanismos contra esa práctica.
“Todos los días hay privados en libertad en todo tipo de centros hospitalarios y menores de edad detenidos sujetos a malos tratos”, refirió.
“Los mecanismos contra la tortura han perdido protagonismo. Espero que ahora retomen el protagonismo y sirvan para evitar que cualquier privado de libertad sufra tratos degradantes”, hizo ver.
Para que esos fines se cumplan, según Arenales Forno, debe existir voluntad por parte de los relatores y que se designe a los mejores candidatos, pues hay exfuncionarios del Organismo Judicial con experiencia.
En torno a Mynor Moto, subrayó que “primero hay que ver los méritos de las personas y tener claro que todo mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario”.
“Uno no puede descalificar a la gente por rumores, chismes o historias. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para elegir a los candidatos y esperamos que todos tengan compromiso con el cargo”, puntualizó.
Para este año la OPT tiene un presupuesto inicial de Q33 millones, casi el doble de los Q 17.1 millones con que finalizó el 2022, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada. El incremento del presupuesto 2023 se destinó al desarrollo de capacidades institucionales, se indicó.
La OPT fue creada en el 2014 como un ente ejecutor de la Ley del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, decreto 40-2010, en cumplimiento de los convenios del Derecho internacional y de la Constitución. Surgió de la conflictividad política y social del país, que se reflejó en la práctica de la tortura durante el conflicto armado interno.
Salarios
La OPT dio a conocer en el 2022 los salarios de los cinco relatores. El del presidente, Carlos Solórzano, superaba al de algunos ministros, con Q60 mil, que incluye dos bonos, uno de Q10 mil y otro de Q15 mil, menos descuentos.
Los otros cuatro relatores, Lesther Castellanos Rodas, Ever Pérez Arriaza, Alfredo Sánchez Chinchilla y Gloria López Rodas reciben salarios mensuales de Q50 mil 625, menos descuentos, que incluye un bono de responsabilidad preventiva por Q15 mil. En total, casi Q380 mil mensuales se destinan a los cinco relatores, de acuerdo con los datos de información pública de la institución.
En la nómina del personal de dicha oficina, correspondiente a noviembre del 2022, aparece un total de 54 plazas —32 puestos en los renglones 011 y 022, y 22 por contrato—, pagos que ascienden a Q795 mil 604 mensuales.
Esto equivale a un presupuesto anual estimado de más de Q10.7 millones, el 63 por ciento del presupuesto de la OPT el año pasado.
El alquiler de cinco sedes también representa un gasto oneroso. Una se ubica en la capital y el resto en la provincia —Quetzaltenango, Jutiapa, Mazatenango y Puerto Barrios—.
El monto por las cinco suma Q407 mil 328. La renta más elevada es por la sede capitalina, de Q10 mil 555 mensuales, según el portal Guatecompras.
