Asimismo, consideran que la sentencia emitida por la CC en la que ordena al Legislativo cumplir con la elección y establece la ruta y los plazos a seguir, se puede convertir en una fórmula para alargar el período de los actuales magistrados, a lo cual se debe agregar la propuesta de reformas constitucionales anunciada por el presidente Alejandro Giammattei.
Diputados consultados también afirmaron que la pandemia del covid-19 será parte del problema a discutir previo a elegir a los magistrados porque resultará complicado mantener el distanciamiento social entre los parlamentarios, ya que las curules les impide mantenerse a una distancia no menor de 1.5 m, así como otras características físicas del edificio.
El pasado 15 de mayo la CC dejó en firme la sentencia para que el Congreso elija magistrados de la CSJ (13 titulares y 13 suplentes) y de Apelaciones (135 titulares y 90 suplentes), luego que declaró sin lugar los recursos de ampliación y aclaración que promovieron el Legislativo y la fiscal general, María Consuelo Porras, en contra de la resolución que obliga al Congreso a elegir magistrados idóneos.
Con lo resuelto, el Congreso debe elegir magistrados en un plazo que deberá concretarse en 35 días, a partir del 15 de mayo, o sea esta semana. El mismo fallo estableció que el Ministerio Público (MP) tenía 10 días para enviar al Congreso, en forma física y electrónica, un informe de las investigaciones en contra de los profesionales que integran las nóminas remitidas por las comisiones de postulación.
Aunque no comparten resolución deben cumplir
Armando Castillo, tercer secretario del Congreso de la República, informó que están a la espera de que la Comisión Permanente convoque a sesiones para establecer el inicio del proceso para elegir a los magistrados de la CSJ y de Apelaciones, lo cual debe suceder esta semana para cumplir con lo ordenado por la CC.
Castillo dijo que solicitará a la Comisión Permanente que se respeten los plazos que ordenó la CC, aunque no compartan la resolución, porque, entre otros inconvenientes, está el hecho de que los 160 diputados tendrían que votar casi 300 veces lo que les llevaría casi dos años, partiendo de que cada uno se pronuncie durante un minuto efectuando dos sesiones ordinarias y una extraordinaria de cuatro horas cada semana.
Sin embargo, explicó que a partir de la convocatoria deberán definir los mecanismos de la elección para que se efectúe en un tiempo prudencial y así no contravenir lo ordenado por la CC. Además, “no podemos dejar al país con una Corte cuyo periodo se encuentra en un limbo porque su período concluyó hace ocho meses”.
El representante del partido Visión con Valores relató que en este momento están revisando las tachas, pero que este trabajo no le corresponde al Congreso sino que a las Comisiones de Postulación y que no pueden sacar a ninguno de los 26 candidatos a la CSJ porque se quedarían con un listado muy corto y habría que convocar a nuevas comisiones para completar el listado.
No existe interés
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que no observa “ningún ánimo” de parte del Congreso de la República para cumplir con la sentencia de la CC y que tampoco “existe respeto a la institucionalidad del país, a pesar de que la sentencia es clara”.
Balsells opinó que lo único que contempla es la intención “por boicotearlas la sentencia” con el objetivo de que los parlamentarios logren nombrar a sus candidatos, ya que lo ordenado por la CC “no es más que un proceso de depuración”.
Están cómodos con la actual CSJ
El abogado y constituyente Aquiles Faillace consideró que este proceso es “un laberinto sin salida por la falta de voluntad política del Congreso, la intromisión política de la CC y el juego político de los actuales magistrados que desean continuar en el cargo. “Caímos en un círculo en el que el perro se persigue la cola”.
“Los diputados están cómodos con esta CSJ no quieren que se vayan, a la CC quién le va a dar órdenes y el presidente Giammattei quiere aprovechar la coyuntura para reformar la Constitución de la República para quitar las Comisiones de Postulación”, afirmó Faillace.
En cuanto a que la votación debe ser nominal y que, según algunos parlamentarios, esto les llevaría varios meses para pronunciarse por cada uno de los candidatos de la CSJ y Cortes de Apelaciones, el abogado dijo que “están haciendo un circo y pintando un fantasma que no existen, porque este tipo de voto solo lleva tres segundos, no se les está pidiendo que lo razonen”.
Sin embargo, prevé un entrampamiento en el proceso debido a que el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial planteó una denuncia en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la misma, después de su debido trámite, va a terminar en un amparo en la CC, donde mientras decide podría detener el proceso. “El futuro es muy oscuro y sombrío”.
No se debe detener el proceso
José González, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch consideró que la orden de la CC se debe acatar “independientemente de que puedan existir procesos o planteamientos de reformas”.
El jurista aseveró que es imperativo que los plazos que están en la sentencia se cumplan, como lo hizo el MP al entregar el 28 de mayo la informacion que ordenó la CC y “por lo que en estos momentos los diputados se encuentran en el periodo de análisis de los expedientes y este periodo va a concluir el 18 de junio”.
“A partir de ese momento el Congreso tendrá cinco días para convocar a elegir, lo cual quiere decir que a más tardar el 23 deberíamos de tener sesiones para elegir nuevas cortes por parte del Congreso en sesión permanente debido al carácter urgente de tener nuevos magistrados”, indicó González.
En cuanto al tiempo que podría durar el proceso de elección, González dijo que debería ponerse en práctica los ejercicios que se han hecho antes en cuanto a efectuar la selección por tandas y que los parlamentarios se pronuncien de manera breve y concreta por los candidatos a magistrados.
“Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que para la CSJ son 26 magistrados lo cual se puede hacer en unas cuantas horas en una sola tanda, y después los magistrados de Salas, lo que quiere decir que no hay justificación para atrasarse, aunque se requerirá de un tiempo prudencial que depende de la voluntad política de los congresistas”.
González consideró que el Congreso debe efectuar un buen análisis de los candidatos para elegir a los menos señalados y que no tengan ningún proceso penal abierto, hasta llegar a aquellos que definitivamente no son elegibles, por ejemplo, los que han participado en los casos de comisiones paralelas o sentenciados penalmente.
Un proceso crítico e insalvable
El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Stuardo Ralón, manifestó que el informe del MP no solo se refiere a las nóminas que envió al Congreso, sino que también expresa que todo el proceso está plagado de anomalías y que se está investigando por posibles manipulaciones.
El informe del MP, según Ralón, también investiga cómo se asignaron los punteos para estar en las nóminas, pues hubo personas que nunca han ejercido jurisdicción y obtuvieron punteos de hasta de 100 puntos y otras que han ejercido jurisdicción hasta por 20 años y no llegaron a la nota mínima para estar en el listado. “Están investigando todo el proceso”.
El presidente del Cedecon indicó que la resolución de la CC explica que los diputados con base al informe del MP y el artículo 113 de la Constitución Política y a viva voz deben votar uno por uno por los candidatos, sin embargo, cuestionó cómo evaluarán el requisito de capacidad, si con los punteos que se están investigando o en los expedientes y hacen una nueva calificación para medir la capacidad, idoneidad y honradez”.
Otro tema que también es muy complejo, según Ralón, es que la CC apercibió al MP para que acompañe cualquier tipo de denuncia que hubiera sobre la nómina y en el caso de “los candidatos a magistrados de la CSJ existen en contra de 22, de los 26, ya sea por petición de antejuicio o procesos como sindicado, solo cuatro no tienen denuncias y hay que elegir a 13”.
Este tema, explicó el constitucionalista, “lo vemos como crítico porque pareciera que es un proceso que puede ser insalvable porque hay barreras imposibles de cumplir sin incurrir en ilegalidades o en desobediencia a la sentencia, lo cual puede llevar a que tengamos una crisis más profunda porque ya se violó la Constitución en octubre del 2019 al no cumplir con el plazo fatal y así no generar escenarios de manipulación política que fue lo que ocurrió”.
A criterio del presidente del Cedecon, la principal barrera para desentrampar esta elección son los criterios amplios de la resolución de la CC porque citan que se debe ser riguroso y que no debe haber duda para lo cual se debe revisar el informe el MP.
Los 35 días que cuentan
- El 15 de mayo la CC dejó en firme la sentencia para que el Congreso elija magistrados de la CSJ y de Apelaciones.
- Ese día la CC declaró sin lugar los recursos de ampliación y aclaración que promovieron el Congreso y la fiscal general, María Consuelo Porras, contra de la sentencia que obliga al Legislativo a elegir magistrados idóneos.
- Con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, quedó en firme la sentencia emitida por dicha corte para que el Congreso elija magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, este plazo podría concretarse en 35 días.
- La sentencia establece que al quedar en firme el fallo, el MP tiene 10 días para enviar al Congreso, en forma física y electrónica, un informe circunstanciado de todos los profesionales que integran las nóminas remitidas por las comisiones de postulación, lo cual ya se cumplió.
- La entrega del informe es con el fin de comunicar sobre la investigación penal que efectuó el ente investigador con relación a la posible manipulación e influencia del proceso de elección, así como de la existencia de otros procesos penales contra los postulados.
- Que al recibir el Congreso la información, la Junta directiva de ese organismo debe poner a disposición de todos los diputados, en un plazo de 24 horas, los expedientes de los candidatos que fueron remitidos por las Comisiones y la información enviada por el MP.
- Los diputados tendrán 20 días para analizar de forma exhaustiva la información proporcionada, y al finalizar ese tiempo, la junta directiva tiene cinco días para convocar a sesión plenaria para elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones, plazo que podría ser el 20 de junio.
