Durante los dos últimos años del gobierno de Jimmy Morales, se registraron simulacros de reformas a esta norma, la primera fue en septiembre de 2017, cuando los diputados intentaron blindar a los políticos del financiamiento ilícito y que no haya cárcel para el cumplimiento por delitos menores de 10 años.
La última vez que el Congreso decidió reformar el Código Penal, en noviembre de 2019, se enfocó en la reducción de penas que beneficiaban a un número de políticos encarcelados y a reos comunes, incluidos los pandilleros, lo que desató una inconformidad social que redundó en protestas que terminaron por presionar a los diputados de anular los cambios.
Aunque han pasado casi dos años de que los presos tuvieron la oportunidad de que los políticos pudieran reducir su condena hasta en un 50 por ciento, la Comisión de Reformas al Sector Justicia, en el Congreso, recopila comentarios, aportes y opiniones de diferentes sectores para definir un nuevo cambio.
Ahora, Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que buscan aprobar la iniciativa de ley 5494, la cual pretende cambiar el Código Penal. Agrega que a lo largo de este año han realizado reuniones con diferentes sectores para que puedan compartir sus aportes, opiniones y comentarios.
Expone también que quieren integrar nuevos delitos que la actual norma no incluye, como odio y agresión, acoso laboral y defraudación al Seguro Social.
El diputado explica que hay acciones que deben ser tipificadas como delitos, como el dopaje deportivo, y el acoso escolar y laboral.
Hasta ahora el ejercicio de discusión en la Sala Legislativa ha provocado opiniones diversas, entre estas que los cambios podrían estar rozando con otras leyes o instituciones, como delitos electorales, de régimen económico, considera que su objetivo es codificar y sistematizar los delitos que van diseminados en las leyes especiales.
Los cambios, explica Ponce, también contemplan un castigo drástico para las personas que cometen corrupción, crimen organizado, narcotráfico, extorsión, entre otros.
En lo que va del año, 28 instituciones públicas han presentado sus propuestas entre las cuales resaltan el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones; de Economía; de Educación; Relaciones Exteriores; Salud Pública; Trabajo y Previsión Social.
Además, participaron representantes de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo; Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas; Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras.
“Dieron sus aportes para crear una nueva normativa que atienda nuevos delitos y que son importantes, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) planteó que es muy importante codificar el delito de retención de cuotas patronales, porque hay algunos casos donde algunas fincas o empresas retienen las cuotas de los trabajadores y cuando quieren jubilarse no aparecen, o el Igss no puede darles el servicio”, explicó Ponce.
Tiempo se agota
Ponce considera que para mediados de noviembre tendrán recopilada y sistematizada toda la información que han aportado las organizaciones e instituciones que ha acudido a las audiencias, por lo que esperan conseguir dictamen favorable.
Hoy se desarrollará la última de las reuniones en donde está previsto que asista gran parte del sector empresarial, ya que, confirmó la Cámara del Agro, de Comercio, de la Industria, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Alianza en defensa de la República, el Colegio de Contadores y Auditores Públicos, el Instituto de Magistrados, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros.
Pero Ponce tiene claro que un factor en contra para consolidar esta reforma al Código Penal es el tiempo, porque se acerca el fin de un año y desconocen si seguirán en la misma comisión legislativa en el 2022, por lo que afirma que están acelerando la sistematización de la información.
Expectativa
Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, es importante que en la recopilación de datos e información que están realizando mantengan los textos de las propuestas conforme a la Constitución Política de Guatemala y que no tenga tinte punitivo.
“Que la Comisión trate de aportar un texto que ayude a la sociedad a abordar desde una mejor perspectiva y no solo desde el punto de vista punitiva los delitos, porque hay penas que son verdaderamente inhumanas y otras que son flojas cuando se necesita una sanción verdaderamente severa”, señaló Ibarra.
Añade que los diputados deben ser muy cuidados para redactar el texto de la iniciativa para cumplir con la expectativa de tener una mejor sociedad, que aborde de forma correcta la carga delincuencial que suele haber en el seno de la sociedad.
Sin premuras
Lizandro Acuña, investigador y analista en temas de seguridad y justicia, opina que se han presentado al menos siete iniciativas de ley para reformar el Código Penal; sin embargo, resalta que algunas de estas no se han llevado a cabo.
“Es una reforma que no tiene que ser apresurada y haber un consenso y participación muy amplia por parte de los sectores que muestren interés en participar en la reforma al Código Penal, hay que tener un poquito de memoria como aceptación de cargo y reformas a la prisión preventiva, en donde se ha visto que prácticamente detrás de las reformas el efecto retroactivo que pueda favorecía a casos de alto impacto”, explicó.
Acuña advierte que las reformas son un proceso que se debe respetar las diferentes posiciones, porque las experiencias nos han demostrado por donde va la ruta y los intereses que se está dilucidando en este momento y que llevan a la impunidad.
Mientras que Corinne Dedik, investigadora del Cien, explica que estas reformas llevan varios años y ven positivo que se quiera modernizar el Código Penal, pero considera que hay aspectos que se deben seguir discutiendo porque es un instrumento muy complejo.
“Consideramos que se tome suficiente tiempo para discutir las reformas que se quieren hacer, desde la parte general hasta la especifica de los diferentes delitos”, reiteró.
