“El juez Miguel Ángel Gálvez busca justicia para las víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. Pido al gobierno guatemalteco que lo proteja para asegurar que pueda seguir con este trabajo crucial a la luz de las amenazas contra su vida”, escribió el congresista Sires en su cuenta de Twitter.
El mensaje del congresista fue acompañado de una nota de prensa en la que se describe el hostigamiento del cual ha sido víctima el juzgador, quien ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto.
El juez Gálvez fue víctima de amenazas tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a nueve militares y policías en condición de retiro por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes pasado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.
Además, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por Gálvez. “Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.
Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.
Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve militares y policías retirados por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).
Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.
Los crímenes documentados en el Caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.
Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.
La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.
Judge Miguel Ángel Gálvez is seeking justice for victims who were tortured, disappeared, and extrajudicially killed. I call on the Guatemalan gov to provide increased protection to ensure that he can continue this crucial work. https://t.co/sXr0OmiVtB
— Albio Sires (@RepSires) May 13, 2022
Con información de EFE
