Dicha información permitió la condena de dos autores materiales en 2010, así como el procesamiento de dos presuntos autores intelectuales y la identificación de otros dos presuntos responsables materiales, lo cual fue valorado positivamente por el Tribunal.
La Corte indicó que el Estado de Guatemala reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por este hecho y firmó un acuerdo de reparaciones con la familia de la víctima, el cual fue homologado por los jueces en su totalidad.
“La Corte estableció que la desaparición forzada del señor García se enmarcó dentro de lo que fue una práctica sistemática del Estado y, que era parte de una política de ataque a las personas identificadas como ” enemigos internos“por la doctrina de seguridad nacional“, señala la sentencia de la Corte IDH.
Concluyó que la desaparición forzada de García estuvo motivada por su participación en asociaciones sindicales y estudiantiles calificadas de “opositoras o insurgentes” en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala, que se prolongó durante 36 años, entre 1960 y 1996.
La Corte ordenó al Estado guatemalteco continuar las investigaciones y procesos judiciales con el fin de establecer la verdad total de los hechos e identificar y sancionar a todos los responsables, así como establecer el paradero de la víctima.
También mandó publicar la sentencia y relizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos relacionados con este caso, entre otras reparaciones inmateriales, además de cumplir con el acuerdo de indemnizaciones materiales acordado con los familiares de García.
AFP