De acuerdo con información proporcionada por el MP se confirma que, durante febrero del presente año, unos siete fiscales, auxiliares o agentes relacionados a la FECI han presentado su carta de renuncia y tras hacerla efectiva han abandonado Guatemala con el argumento de evitar ser víctimas de persecución y criminalización.
Las referidas salidas podrían afectar el desarrollo de algunos procesos de alto impacto y el avance de estos hasta ahora, debido a que estos han sido asignados a agentes y fiscales que deberán analizar a profundidad y estudiar las carpetas judiciales con el fin de sostener con argumentos legales, medios de prueba y análisis de todo tipo, las acusaciones formuladas.
De acuerdo con Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP informó que “aproximadamente 100 casos” tiene actualmente la Feci los cuales se tienen “durante el transcurso de los años, no son casos nuevos” y agregó que “son una 6 aproximadamente” investigaciones nuevas.
La Línea y otros casos
Han transcurrido seis años y diez meses desde que se reveló el caso denominado La Línea, el cual se encuentra en la etapa de juicio en donde se expone la carpeta judicial formada por 3,000 escuchas telefónicas, 1,516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS), que según la investigación fueron alteradas por una agrupación ilícita integrada por 47 personas y otros 322 medios de prueba.
La pesquisa es por supuestos actos de corrupción que llevó al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti a la cárcel, quienes supuestamente lideraron una red que habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla. Dicho caso enfrentó cambios de los fiscales a cargo de las averiguaciones.
De la investigación de La Línea, se desprendieron otras contra los exfuncionarios y exministros como en Cooptación del Estado, La Cooperacha, TCQ, entre otros, así como gran parte de la estructura del desaparecido Partido Patriota que fueron acusados por los casos de corrupción durante ese gobierno.
Reciente revelación
El pasado 14 de febrero el medio digital salvadoreño, El Faro, publicó un testimonio que revela que el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, negoció mantener en el cargo al entonces ministro José Luis Benito a cambio de US$2.6 millones para la campaña electoral.
Cabe destacar que en mayo de 2020 la FECI realizó un allanamiento en una casa en Antigua Guatemala, en donde encontraron Q122 millones distribuidos en 22 maletas, una de ellas tenía una identificación con el nombre del exministro de Comunicaciones durante la administración de Jimmy Morales, José Luis Benito,
De acuerdo con la investigación del dinero encontrado, este caso alcanzaría incluso a funcionarios del actual gobierno por posible sobornos y financiamiento electoral.
Debilitamiento
Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana percibe “un debilitamiento” de la FECI que llega al extremo de criminalizar a algunos operadores de justicia y refirió que “genera impunidad afectando al sistema de justicia en general y deja en situación muy vulnerable todos los casos de alto impacto” dijo. Con relación a los efectos a mediano plazo se podrían dar en el desarrollo de los próximos juicios y casos, así como en promover cualquier tipo de acción legal que favorezca a los señalados o con fin de retardar.
Cux considera que deja al descubierto el funcionamiento del sistema judicial y a la objetividad que se espera, según las normas que regulan al MP y los constantes cambios podrían afectar a los casos de alto impacto pues “se encuentran en riesgo, tanto a corto como a mediano plazo” y agregó que se ha evidenciado como va perdiendo el propósito “la persecución penal y la competencia, ya no se persiguen ala personas que cometieron actos de corrupción, sino todo lo contrario” indicó.
Nadie es superior a la ley
El abogado penalista y analista jurídico Antonio Miranda, manifestó que algunos exfiscales de la FECI se excedieron en su actuar y recordó que “nadie puede combatir impunidad con impunidad, y nadie es superior a la ley” debido a que en algunos casos se violentó la ley al acuerpar algunos procedimientos legales y mencionó algunos ejemplos como la interceptación de escuchas telefónicas sin autorización judicial y considera que estos hechos afectan en la credibilidad del Ministerio Público.
Miranda considera que “definitivamente” se van afectar algunos procesos y refirió “perseguir a un fiscal porque violó la ley, es facultad de un juez ante las evidencias que se le presentan y deberá definir si hay causal” y por ello es necesario recuperar la credibilidad en el MP derivado a que “la polarización que dejo la extinta CICIG en la sociedad guatemalteca es complicado, porque se vuelve una lucha entre izquierda y derecha, y esto no debe ser así porque el mandato del MP debe ser objetivo” acotó.
Comisiones paralelas
El testimonio del exsecretario privado de la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, vincula a funcionarios, congresistas y magistrados, para supuestamente manipular los listados que serían enviados al Congreso para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
El 8 de junio e 2021 el MP promovió antejuicio en contra de 10 funcionarios judiciales vinculados al caso, tras comprobar que mantuvieron comunicación con Alejos Cámbara. De este caso se derivaron las órdenes de aprehensión contra 4 fiscales de la FECI por coacción y presiones en contra de un sindicado.
El 5 de agosto de 2021, la CSJ resolvió mantener la inmunidad de los 10 magistrados tras considerar que no existen indicios suficientes de los señalamientos.
Otros señalamientos
Mientras que, en 2017, el hermano, Samuel Everardo y el hijo, José Manuel, del expresidente Jimmy Morales fueron señalados de simular dos eventos: la venta de canastas navideñas y un desayuno para evaluar el desempeño de los trabajadores en el Registro de la Propiedad.
Además, en 2018, esta Fiscalía junto a la Comisión acusaron al exmandatario Álvaro Colom y a 12 integrantes del gabinete de su gobierno de avalar la implementación del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano).
Las renuncias y capturas
En los últimos meses algunos investigadores han presentado su carta de renuncia, y otros no han corrido con la misma suerte, pues han sido privados de su libertad Eva Siomara Sosa, Willy Roberto Racanac López, Paola Mishelle Escobar Quiñónez, Aliss Noemí Morán Mejía y Lilian Virginia Laparra Rivas, jefa de la FECI de Quetzaltenango, quienes se encuentran en prisión provisional a la espera de su audiencia de primera declaración.
El pasado 22 de febrero presentó su renuncia el agente Amy Girón, la cual se hará efectiva a partir del próximo 11 de marzo. Mientras que el 25 de febrero presentó su carta de renuncia el auxiliar fiscal de la FECI de Quetzaltenango, Carlos Cojtí para hacerse efectiva en abril, sin embargo “ambas están pendientes de ser aceptadas” informó Juan Luis Pantaleón, jefe de Prensa del MP.
Mientras que el exagente fiscal Carlos Antonio Videz Navas, Rudy Manolo Herrera Lemus, Darwin Zepeda, Lorenzo Alberto Bolaños Sánchez, Gilma Guerra y Joselin Masell Pérez; han abandonado el país.
Los titulares de la FECI
Desde el 3 de agosto de 2021 a la fecha, Rafael Curruchiche es el jefe de la FECI, antes de él fue nombrada Carla Valenzuela quien estuvo por 10 días al frente de la Fiscalía, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval el 23 de julio del año pasado.
Antes de Sandoval, estuvo la abogada Eunice Mendizábal, quien luego fue viceministra de Asuntos Antinarcóticos de Gobernación y posteriormente, titular de la cartera del Interior en el gobierno de Otto Pérez Molina.
Además, también fue jefe el fiscal Rubén Herrera, quien luego ha ocupado otros puestos en el Ministerio Público, como en la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Otro de los jefes fue el abogado Óscar Schaad, quien luego fue trasladado como jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, pero en junio de 2019 se conoció que salió del país junto a su familia por amenazas.
