Con dicha sentencia se fortalecen los casos penales que se les denomina La Línea y Cooptación del Estado, los cuales acusan al exbinomio presidencial, exministros de Estado, exintendentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), empresarios, importadores, entre otros; los cuales fueron identificados por Monzón Rojas, quién también detalló el rol que desempeñaban en la estructura criminal.
Además, en su oportunidad Monzón Rojas hizo entrega de prueba documental, equipo de cómputo, detalló sobre los seudónimos que se utilizaban para referirse al exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
A decir del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche indicó que toda la información que Monzón Rojas en su momento aportó “estimó yo que fue corroborada, se complementa con otras declaraciones testimoniales, con documentos, análisis periciales e interceptaciones telefónicas” dijo.
Curruchiche puntualizó que “la declaración del señor Monzón fue muy importante y es el hilo conductor que nos lleva a establecer todos los elementos de prueba que le sirvieron a la fiscalía en el debate para hacer la relación de cada uno de ellos” con los que esperan que el Tribunal B de Mayor Riesgo emane una sentencia de carácter condenatorio.
El jefe de la Feci espera que el fallo por el caso La Línea se emita a finales de este 2022, ignora cuanto tiempo más tomará el desarrollo del juicio que se encuentra en su etapa final, debido a que le mismo depende de la dinámica del Tribunal B de Mayor Riesgo presidido por Janeth Valdez.
Alexis Calderón, defensor de Monzón Rojas indicó que el testimonio de su patrocinado aportó “entre un 70 a un 80 por ciento, tanto por su testimonio como por toda la prueba que hizo entrega” además explicó la forma en que estaba integrada las estructuras paralelas del Estado, a investigadores del MP y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
De La Línea
La carpeta judicial está integrada por más de 30 mil folios que comprueban el testimonio de Monzón Rojas, los cuales revelan que en oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le denominaron “cola”.
Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborado por la red fue entregado por Monzón Rojas, así como los 5 mil 906 correos electrónicos, aportó más de 30 mil documentos, equipo de cómputo, estados de cuenta, lugares donde se guardaba dinero en efectivo de supuestos ilícitos.
En su declaración, Monzón Rojas aceptó que participó dentro de la estructura de La Línea por instrucciones de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, junto a Otto Pérez Molina quienes autorizaban los pagos ilegales y nombramientos de jefes de la Sat.
Cooptación del Estado
En el proceso conocido como Cooptación del Estado, Juan Carlos Monzón detalló la manera en que operaron los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, junto con exfuncionarios de su Gobierno acordaban sobre los contratos que eran adjudicados a determinadas empresas, lo cual aseguraba a los jefes del Ejecutivo el pago de comisiones ilícitas.
En su oportunidad detalló que él tenía operadores en las instituciones asignadas para su control, y en cada una había un equipo que manejaba las juntas de licitación; en la carpeta judicial se encuentra su declaración en anticipo de prueba en la que se lee que “el día de mi captura se negociaban las comisiones de los contratos de fertilizantes, los cuales se pactaban antes de su adjudicación, y debían tener la anuencia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti” se lee.
Además, detalla sobre algunas comisiones que se entregaron a Pérez Molina y Baldetti “en alquiler de maquinaria que constructores les concedieron para su beneficio, por medio de su contador, Víctor Hugo Hernández, habilitó bodegas que en realidad eran oficinas, donde guardaban en efectivo las comisiones que recibían para luego ingresarlas al sistema bancario por medio de sus empresas lavadoras de dinero” dice en el escrito de su testimonio.
Monzón Rojas detalló que las plazas laborales en las instituciones gubernamentales eran utilizadas para pagar favores políticos. El Registro de Información Catastral le otorgó varias plazas a Baldetti, así como en Registro General de la Propiedad y el Congreso de la República.
El colaborador eficaz aseguró que fue nombrado “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”, específicamente de la negociación de la Terminal de Contenedores Quetzal y señaló que en los contratos de “las portuarias se cobraba el 10% del valor de estos, en concepto de comisión ilícita, de este porcentaje el 60% era para Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina” dijo en su oportunidad.
De la sentencia
Por el caso La Línea 10 años
Asociación Ilícita: 3 años y 4 meses
Casos Especiales de Defraudación: 3 años, 10 meses y 21 días
Cohecho Pasivo: 2 años, 9 meses y 11 días
Inhabilitación absoluta para ejercer cargos público
Convenio lo firmó el 29 de marzo de 2016
Por Cooptación del Estado 12 años y 1 mes
Asociación ilícita: 3 años y 4 meses
Lavado de dinero: 5 años
Cohecho pasivo continuado: 2 años y 9 meses
Abuso de autoridad: 1 año
Convenio firmado el 8 de abril de 2016
