Desde entonces, Alejos, un hombre acostumbrado a estar cerca del poder, aparece en más casos pendientes con la justicia: Cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE y Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero; por último, fue detenido el 5 de agosto del 2019 y enviado a Mariscal Zavala.
Tres meses después, la jueza Eva Recinos autorizó su traslado a un sanatorio de la zona 2. Nada más oportuno para Alejos. En esa época, las postuladoras a las cortes comenzaban a retrasarse y los actuales magistrados extendían su mandato. El tiempo jugó a favor del ex secretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, y así pudo mover influencias para intentar poner jueces a su medida.
Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Alejos tiene interés directo en la integración de las altas cortes, por lo que tuvo reuniones con diputados, miembros del Consejo Superior Universitario, abogados, jueces y magistrados.
Ese caso fue investigado entre el 12 y 16 de febrero, cuando las comisiones de postulación votaron por las nóminas que luego enviaron al Congreso. En las evidencias presentadas por el MP, se halló un celular desde el que Alejos y otros aspirantes hablaban sobre la cuestionada elección.
El fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, recuerda que influenciadores como Alejos han existido siempre. En el 2014, fue enviado a juicio el abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis.
A López Villatoro se le señaló de concertar reuniones con involucrados en el nombramiento de magistrados, para influir en el proceso.
“Se repite la modalidad de cómo actores externos pueden estar influyendo en la elección de cortes y, en este caso, motivados por una persona que tiene varios compromisos con la justicia —Alejos—”, mencionó el fiscal.
Ahora, la Feci espera investigar a 14 magistrados y dos jueces, para determinar cuál es su relación con Alejos, para lo cual se deberá agotar el proceso de retiro de antejuicio, mismo que será resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un generador de caos
La investigación contra Alejos fue llamada Comisiones Paralelas 2020, y la primera acción legal la presentó la fiscal general, Consuelo Porras, quien pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se anulara la elección de magistrados.
Eso no pasó. La CC, en cambio, pidió que el MP hiciera un informe acerca de todos los candidatos a las cortes, ya sea sobre su implicación en el caso de Alejos o por otros que tuvieran a cargo las fiscalías del órgano investigador.
El documento serviría de insumo para que los diputados, encargados de la elección, excluyeran a quienes no cumplen con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad.
En el informe, el MP recomendó descalificar a quienes tuvieron votos de los postulantes Dennis Billy Herrera Arita y Romeo Monterrosa Orellana, encargados de evaluar méritos de los candidatos. Según la Feci, ambos se reunieron o comunicaron con Alejos.
La Fiscalía también expuso que los candidatos relacionados en las pesquisas incumplen con los requisitos y, conforme a lo indicado por la CC, tendrían que quedar fuera.
El papel que representó la CC no fue del agrado de varios sectores, incluido el propio Congreso, y desató embates legales contra los magistrados de la máxima corte.
El abogado José Roberto Hernández Guzmán fue el primero en presentar una acción contra la CC. Pidió el retiro de inmunidad de cuatro magistrados del tribunal constitucional.
Según el abogado —también aspirante a las salas de Apelaciones—, los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía —recientemente fallecido—, Neftaly Aldana y José Francisco de Mata Vela incurrieron en delito al requerir la exclusión de candidatos del proceso.
La CSJ siguió el juego, y en una resolución de suplentes, avaló el procedimiento, y el Congreso de la República formó, de inmediato, una comisión pesquisidora para que se encargara del proceso.
En una rabieta institucional, la CC pidió el expediente de los antejuicios al Congreso, y estos se negaron. Tampoco avanzaron los resultados de la pesquisidora.
Por no obedecer a la CC, el MP investiga a los integrantes de la Junta Directiva del Congreso y, al mismo tiempo, pretende indagar sobre presuntos hechos ilícitos en los que pudieron haber incurrido magistrados de la CC.
Elección varada
El diputado Luis Rosales, segundo vicepresidente del Congreso, manifestó que la decisión de excluir candidatos a las cortes la tomará el pleno, ya que no corresponde a la Junta Directiva ni tampoco a un solo diputado.
“Será hasta el momento cuando se empiece a discutir nombre por nombre en el que se deberá establecer qué posicionamiento va a tener el pleno, la mayoría o totalidad de diputados en relación con cada candidato en particular”, añadió el legislador.
Francisco Quezada, analista de Cien
El diputado Rosales manifestó que la CC les pidió que se pronunciaran sobre la idoneidad y capacidad de los aspirantes, pero añadió: “Habrá que ver si tendremos que entrar a discutir sobre la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo ciudadano”.
El magistrado Wilber Castellanos —vinculado con Alejos, según la Feci—, mencionó que “no se puede ordenar que se excluya a nadie; eso es ilegal”.
Castellanos es presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, explicó que cada legislador debe estudiar cada expediente y tomar en cuenta el informe del MP para su análisis y decidir si cumple con los requisitos para el cargo.
La impunidad
El abogado Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguró que es inevitable que candidatos necesiten reunirse con “personas impresentables”.
“Sucede en todas partes del mundo, pero esa referencia debe servir a quien elige para tener un cuestionamiento y decidir no votar por él, sino por alguien que no ha llegado por medio de esas prácticas”, dijo.
“Entonces, buenos y malos a veces tienen que hacer fila en ese convencimiento, y aquellos que tengan distraída la moral aceptarán condiciones. Y los que no las admitan, no recibirán su voto (…) En segundo lugar, se puede llegar a extremos tales como ‘si algún día necesito de su favor, me responde’. Exactamente, se negocia impunidad”, expresó Quezada.
Carmen Aída Ibarra, Movimiento Pro Justicia
La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, expuso que hay muchos intereses en juego, entre ellos los económicos, políticos, del crimen organizado y de quienes se mueven en la corrupción.
“Todos están confabulados con la intención de ganar impunidad, de tener un resguardo en los procesos judiciales ya iniciados, eludir, evitar o hacer fracasar las investigaciones criminales que ya están en marcha”, agregó la experta.
A Ibarra le preocupa que estén vigentes las operaciones “de un grupo poderoso de personas” alrededor de la elección de las autoridades judiciales. Resaltó a Alejos, pero afirmó que no es el único.
Crisis institucional
Por otro lado, la CC se convirtió en blanco de ataques tras su fallo del 6 de mayo pasado por la elección de magistrados judiciales, embates que resiste a menos de un año de que se designe a sus nuevos integrantes.
La elección de cortes sigue sin realizarse. El Congreso no acata la resolución y existen acciones legales contra magistrados. Analistas coincidieron en que esto es inusual y que el trasfondo es conservar a candidatos no idóneos.
El abogado Édgar Ortiz, consultor de la Fundación Libertad y Desarrollo, manifestó que esta CC ha estado bajo asedio del poder político durante los últimos tres años, y agregó que esa entidad corre peligro, pero más su independencia.
El profesional del Derecho dijo que la erosión a la independencia de los magistrados deja un precedente negativo y que quienes aspiren a integrarla en abril del 2021, cuando volteen a ver lo que está pasando hoy, dirán: “¿Cómo quiero yo ser parte de esta corte?”.
El analista Ortiz refirió que no se desea apartar del proceso de elección a dichos candidatos, porque “seguramente quieren designar a esos profesionales, ya que son afines a su agenda proimpunidad”.
Lorena Escobar, coordinadora del área jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), manifestó que los ataques contra la CC son inusuales, y afirmó que hay intereses particulares.
“Lo que buscan —esos intereses — es tener incidencia en los fallos que se puedan producir en el futuro. El efecto es que no sean cortes independientes; de eso deviene el ataque a la CC”, mencionó la investigadora.
La profesional expresó que, a los tres poderes del Estado, además de la Usac y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), les interesa la CC, porque son órganos que designan a sus integrantes.
“En el Cang, por ejemplo, ya se ve un activismo de agremiados, promoviendo actividades para darse a conocer. El caso de la Usac es mucho más complejo, pero a lo interno de estos dos entes es más fácil observar la competencia que tienen los integrantes en la elección”, comentó la abogada.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista
Escobar subrayó que habría que cuestionar a qué obedece ese afán de los entes por designar a alguien en esa instancia, si es para “mantener el orden constitucional u obedece a tener garantizado fallos ad hoc o en que se tenga cierta injerencia”.
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El abogado constitucionalista Gabriel Orellana expuso que la CC controla los actos del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque su función es defender la Constitución, pero añadió que se ha creado en contra de ella un “tejido” de acciones por parte de distintos entes estatales.
“En el fondo llevan a la conclusión —esos actos en contra — de que están reconociendo la importancia que tiene ese tribunal”, dijo Orellana, y recordó que los magistrados no pueden tener responsabilidad penal por la forma en la que interpretan la Carta Magna.
El entrevistado expresó que las ataques para ese órgano y la solicitud de retiro de antejuicio que se planteó contra seis de sus magistrados, y que fue presentada por el MP, refleja una “absoluta ignorancia interesada en perjuicio del tribunal constitucional”.
“Su función es interpretar la ley, bien o mal; pero lo tienen que hacer, y si la están interpretando en cumplimiento de su trabajo, ellos gozan de esa protección y, por lo tanto, no pueden ser procesados, por creer que la interpretación de la Constitución es en la forma en la que ellos lo preconizan”, puntualizó el constitucionalista.
Nota del editor:
La magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa Escribá, envió el 18 de septiembre último un documento a esta Redacción para manifestar su postura sobre lo divulgado por la Fiscalía.
La magistrada Ochoa rechazó que haya tenido “comunicación de ningún tipo” con Alejos y refrendó un comunicado con fecha 28 de mayo donde desconoce los motivos por los que el ente investigador la incluyó en el caso. Aseguró que ha pedido al fiscal Sandoval información sobre su relación en el caso, sin tener respuesta.
Por otro lado, el exministro de Salud, Carlos Enrique Soto Menegazzo envió una comunicación electrónica para exponer su postura sobre el caso, pues también su nombre fue divulgado de manera pública por el Ministerio Público.
Soto Menegazzo aseguró que no ha tenido contacto o comunicación con Alejos, añadió que entregó al MP un desplegado de sus llamadas telefónicas, como su evidencia personal.
