González asegura que esto pone en evidencia la forma en que agentes externos con capitales lícitos e ilícitos han cooptado el poder político y judicial del país y lo utilizan para el nombramiento de personas con las cuales jueces y magistrados previamente se aseguran la consecución de sus fines, lo que se traduce en impunidad.
“Lo único que buscan es proteger sus intereses, con lo cual el Estado se convierte en un agente protector de estos grupos de poder y no de la población, que es su función primaria”, afirma.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por esta razón, pidió el retiro de la inmunidad a los diputados Estuardo Galdámez, quien también es candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco, así como del actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
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Entre los delitos que se señalan en su contra están cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución.
De acuerdo con el MP, las dádivas que fueron entregadas a al menos a 64 diputados fueron de Q50 mil bimensuales, dinero que era entregado en efectivo en maletas entregadas por “los brochas” o “jefes de líneas” que estaban a la orden de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien era la que coordinaba la supeditación del Legislativo al Ejecutivo.
Estos pagos también eran efectuados a los diputados del Congreso de la República, a los cuales se referían con el nombre de “champurradas”. Esta forma de operar se dio desde que se inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar varios paquetes de leyes, según informó el MP.
Según la acusación, estos sobornos supeditaron el poder Legislativo al Ejecutivo y, además, incidieron en el nombramiento de funcionarios en instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
“Vivimos en un sistema corrupto”
Según Alejandro Rodríguez, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala (ICCPG), siempre hemos vivido bajo un sistema corrupto de nombramientos de magistrados muy politizado el cual tiene que cambiar, porque se están creando estructuras de corrupción judicial que parte del tráfico de influencias y que tiene como resultado la obstrucción a la justicia.
De acuerdo con Rodríguez, el objetivo de estos operadores es incorporar en el sistema de justicia personas que ellos seleccionan, con lo cual a futuro se garantizan que las resoluciones judiciales les beneficien y manipulan sistemáticamente los casos que les afectan, con lo cual en última instancia generan impunidad.
Rodríguez está seguro de que este “sistema perverso tiene que reformarse” porque la lucha contra la corrupción e impunidad será difícil de derrotar mientras se mantenga bajo esta cooptación. “Seguiremos viendo la obstrucción sistemática de los casos, demoras, pocos avances, resoluciones tardías y las salas de apelaciones no cumplen con sus tiempos para resolver, porque todo esto funciona como un gran círculo de corrupción”.
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“Caso extraordinario”
Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro-Justicia, dice que este caso es extraordinario porque por primera vez habrá oportunidad de judicializar no solo la corrupción que anida en el Congreso de la República, sino también se podrá desvelar cómo un poder, el Ejecutivo, coopta al otro, el Judicial.
En esta misma investigación, agrega Ibarra, también se puede observar la forma como algunos empresarios pueden comprar o alquilar los poderes del Estado, en este caso a través de los votos en el Legislativo. “También vemos cómo el Ejecutivo vía la corrupción compra las voluntades para legislar y para elegir autoridades, tanto del Congreso como en la CSJ y la Contraloría General de Cuentas de la Nación”, afirma.
También observó que el Congreso, la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones enfrentarán su peor conflicto de intereses porque el caso del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela. Si la CSJ le da trámite, tiene que ser resuelto por diputados que habrían recibido esas dádivas o “champurradas”, por lo que habrá conflicto de interés, pero tienen que resolver.
“No se puede controlar todo”
El rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano, expresidente de la comisión de postulación de contralor, dice que cada quien es responsable de sus actuaciones y que si algunas voluntades son compradas son responsabilidad de las instituciones a las que representan.
Al respecto el académico recuerda que, en el 2012, hubo un grupo de personas que trató de escoger a los profesionales que creyó mejores para este tipo de funciones, mientras que otros tenían otro tipo de intereses para escoger a sus delegados. “Al fin y al cabo lo que cuenta es lo que dice la mayoría para escoger a los candidatos”, reflexiona.
“Así que, aunque es muy importante el proceso, no se puede controlar del todo porque hay unas reglas establecidas en las Comisiones de Postulación que tienen que respetarse y las mayorías mandan”.
Serrano considera que, si las mayorías en los gremios eligen de manera honesta, los proceso serán más limpios, pero si esas no eligen de manera adecuada el proceso nos llevará a consecuencias que no hubiéramos deseado.
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