El hallazgo resultó en una operación de riesgo, al punto que el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo que temían que un comando armado ingresara a la vivienda para intentar recuperar el dinero.
En su momento, la fiscalía informó que el dinero estaba vinculado al exministro de comunicaciones, pero hasta la fecha no se ha revelado de dónde provienen dichos recursos ni la forma en cómo se obtuvo.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explica que entre los alcances que debería tener esta investigación no solo está la captura del exministro, sino también el procesamiento penal de aquellas personas que participaron en obtener estos recursos.
Samayoa considera que entre las dudas que permanecen vigentes están cuántas personas participaron en la generación de estos recursos, si se trata de una estructura criminal y cuántos más réditos económicos podrían estar generando.
“Evidentemente, estamos en una debacle del sistema político que permite que cualquier persona con intereses de enriquecimiento llegue al poder. Ha existido impunidad y las estructuras tienen certeza que nadie las va a perseguir”, dijo Samayoa.
Por su parte, José Luis Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, dijo que el Ministerio Público tiene el mandato constitucional de la persecución penal pública.
“Lo que la ciudadanía espera de cualquier funcionario y de cualquier institución pública es que realicen su trabajo de forma eficiente y pronta. Esto requiere que se empiecen a ver avances, ya se en solicitudes de antejuicio contra funcionarios y que se revela las personas involucradas en los posibles hechos ilícitos. Hoy -16 de octubre- se cumple un año (de que se localizaron los Q122 millones) y ha habido muy pocos avances que se conozcan públicamente”, dijo Echeverría.
Asimismo, Echeverría considera que es preocupante que el exministro de Comunicaciones cuente con una capacidad financiera para evadir la justicia fuera del país. Esto sobra especial relevancia en el contexto actual en el que se discute el presupuesto público y uno de los cuestionamientos es si este se utiliza eficientemente o no.
Al consultar con el Ministerio Público sobre los avances de la investigación, informaron que está bajo reserva total de acuerdo a lo contenido en el artículo 10 de la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos.
“El señor José Luis Benito tiene orden de aprehensión y está rebeldía. El dinero fue sometido a extinción de dominio y se continúa con la investigación”, informó Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución.
