Los sindicados son Sebastiana María Morales González, sus hijos Pascual, María y Tomás Martín Morales, y su yerno Mario Martín Martín, quienes serán procesados por agresión, instigación a delinquir, coacción, resistencia con agravación específica y detención ilegal.
El Ministerio Público tiene un mes para concluir la investigación del caso. Durante ese tiempo los señalados gozarán de libertad con condición, debido a que no representan peligro para el desarrollo de la pesquisa y tampoco existe la posibilidad de que huyan para evitar los cargos en su contra.
Deben cumplir con arresto domiciliario y tienen prohibido salir del país sin autorización del Juzgado de Mayor Riesgo B. El juez Miguel Ángel Gálvez también les impuso la obligación de firmar el libro de procesos del Juzgado de Paz de Chichicastenango, una vez al mes.
Hechos
Consta en el expediente que Jerónimo Guarcas intenta determinar el paradero de su papá, Tomás Guarcas Laz, quien fue detenido y posteriormente desaparecido por el Ejército en 1982.
Guarcas Laz era agricultor y nunca conoció a su hijo recién nacido porque soldados lo detuvieron y lo llevaron a un lugar desconocido. Después de la aprehensión no se supo nada más de él.
En el 2009, Guarcas obtuvo información sobre un lugar en donde posiblemente estaría enterrada la osmanenta de su papá y denunció a la fiscalía para que se solicitara efectuar una excavación y así exhumar los restos de su progenitor.
Antropólogos de la Fafg llegaron a la comunidad Puhuhil Primero el 27 de mayo del 2009. En la década de 1980 esa localidad apoyó a las fuerzas castrenses y se formó un comando de patrulleros de autodefensa civil, explicó el abogado Édgar Pérez, representante de Guarcas, quien figura como querellante en el caso.
Ese día, Morales González dirigió a por lo menos 400 pobladores, quienes se oponían a las excavaciones, y retuvo a los antropólogos, quienes no lograron efectuar su labor. Agentes de la PNC y delegados de la PDH intervinieron para que los comunitarios depusieran sus acciones.
Dos días después la población arremetió en contra de familiares de los antropólogos, a quienes se les aplicó el castigo maya. Fueron azotados en público, entre otras medidas. Otra vez las fuerzas policiales y la PDH intervinieron, pero no pudieron hacer que la población abandonara sus acciones y fueron retenidos hasta la madrugada del 30 de mayo.
Lidereza
Pérez dijo que no se busca evitar que se reconozcan las costumbres ancestrales, porque las comunidades indígenas dan importancia a los líderes comunitarios, y que la población actuó por orden de Morales González, quien es lidereza en Puhuhil Primero.
“En la concepción maya se tiene la creencia que todas las acciones deben ser avisadas a la autoridad indígena. Y se fue con uno de ellos para indicarles que se haría la excavación, pero no con doña Sebastiana”, dijo el abogado.
Tanto Pérez como Guarcas explicaron que no se busca a los responsables de la desaparición de Guarcas Laz, sino únicamente conocer cuál fue su paradero.
El abogado destacó que los Acuerdos de Paz ordenan conocer el paradero de los desaparecidos durante el conflicto armado que se vivió en el país por 36 años.
