CIDH señala injerencia del MP en proceso electoral 2023 y Fiscalía rechaza señalamientos

El informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su capítulo sobre Guatemala señala que el Ministerio Público (MP) incurrió en injerencias indebidas en el proceso electoral del 2023, señalamientos que la Fiscalía descalificó al afirmar que no aceptará ningún tipo de injerencia nacional o extranjera en los procesos que investiga.

En dicho capítulo, la CIDH incluyó un inciso que identificó como “Injerencias indebidas en el proceso electoral y ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales”, en el que destaca que el MP puso en riesgo el orden constitucional del país y el principio de separación de los poderes públicos.

Señala que esas injerencias consistieron en restricciones para la participación efectiva de personas y partidos políticos, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta por más de dos semanas, la suspensión de la inscripción como persona jurídica del partido del presidente Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla, el allanamiento a su sede y los intentos para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos públicos.

El informe, además señala que los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las solicitudes de antejuicio en contra de sus integrantes, así como la confiscación de las urnas electorales de la primera vuelta de las elecciones generales son parte de las acciones que califica de indebidas por parte del MP.

Además, destaca la exclusión de candidaturas y limitación de la participación política durante el proceso electoral del 2023.

“Desde el inicio del proceso electoral, el 21 de enero de 2023, la CIDH constató la exclusión de candidaturas de las elecciones generales realizadas el 25 de junio, por lo que llamó al Estado de Guatemala a garantizar la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos mediante normativas y prácticas que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”, detalla el informe de la CIDH.

El informe señala que, en el 2023, la CIDH constató que la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en Guatemala continuaban agravándose como consecuencia del “ejercicio abusivo del poder punitivo con fines político-electorales en el marco de las Elecciones Generales, así como del incumplimiento prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad”.

 Agrega que, en ese contexto, la ausencia de control judicial frente a las injerencias del MP en el proceso electoral han puesto en evidencia el estado actual de debilitamiento del principio de separación de poderes y la progresiva pérdida de un sistema de controles y contrapesos en el país, profundizando así la inestabilidad política, social y democrática en Guatemala.

“En Guatemala persiste la criminalización y severos señalamientos sobre el empleo arbitrario de la privación de la libertad en contra de personas operadoras de justicia y exoperadoras de justicia, con motivo del trabajo realizado en casos emblemáticos de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos, en un contexto de falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público”, dice el informe.

Añade que el antejuicio es instrumentalizado como mecanismo de acoso, hostigamiento y represalia contra operadores de justicia, con el fin de intentar despojarlas de su inmunidad jurisdiccional o hacerlas renunciar al cargo, para luego verse forzadas al exilio.

También detalla que la CIDH constató un notable deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala, entre otras, debido a ataques, hechos de violencia y la instrumentalización de los mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas.

Recomendaciones de la CIDH

Reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial.

Implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el funcionamiento del sistema de administración de justicia y el Estado de Derecho.

3Archivar definitivamente la iniciativa legislativa No. 6099; y reforzar las acciones en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

Adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión.

Proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.

Abstenerse de promover diligencias de antejuicio basadas en el juicio jurídico de las y los operadores de justicia o como medio de represalia por el trabajo que realizan.

Garantizar que los procesos penales descritos en este informe sean resueltos en un plazo razonable de forma imparcial. En particular, cesar la aplicación de la prisión preventiva y la privación de la libertad como forma de represalia en contra de las personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas que cumplen un rol relevante en el combate a la impunidad y la corrupción.

Abstenerse de ejercer presiones directas o indirectas contra periodistas y medios de comunicación en virtud del contenido informativo y de su línea editorial, conforme establece el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

Fortalecer los mecanismos de prevención y protección oportuna a periodistas y personas comunicadoras sociales en relación con casos de asesinatos, agresiones, detenciones, intimidaciones y amenazas vinculadas a la labor informativa. Asimismo, en materia de procuración de justicia, investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial las denuncias de periodistas sobre vulneraciones a sus derechos por el ejercicio de su labor.  

Garantizar que las personas que ejercen funciones públicas no promuevan desde su discurso la intolerancia, la discriminación o la desinformación y tampoco generen con sus expresiones un clima de hostilidad contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación. En cambio, dichas autoridades deben constatar en forma razonable y con diligencia reforzada los hechos en que fundamentan sus opiniones, y tomar responsabilidad desde su posición de liderazgo de promover el respeto a la diversidad y de brindar acceso a la información de manera equitativa por medio de actos oficiales, ruedas de prensa y entrevistas.

Implementar medidas para reconocer legalmente y reglamentar la operación de las radios comunitarias, conforme a estándares interamericanos sobre libertad de expresión; y abstenerse de perseguir penalmente a periodistas y medios comunitarios, y de disponer medidas coercitivas como allanamientos y decomiso de sus equipos de trabajo, conforme a los lineamientos dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

MP Rechaza informe

Por su parte, el MP rechazó el contenido del capítulo sobre Guatemala del Informe Anual 2023 de la CIDH.

“Sus pronunciamientos no solo evidencian desconocimiento y sesgo, ya que el Ministerio Público está obligado a investigar todas las denuncias, por lo que no hacerlo o sugerir que no se haga representa impunidad y vulnera gravemente los derechos de las víctimas que presentan denuncias”, escribió el MP en su cuenta de X.

Agregó: “Asimismo, rechaza cualquier acción que pretenda vulnerar los derechos de los guatemaltecos, y que se atente contra la soberanía del país y la autonomía institucional, y no acepta ni aceptará ningún tipo de injerencia nacional o extranjera”.