En el comunicado se destaca que “la CIDH recomendó entonces reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos declaradas en los informes de fondo, investigar los actos de tortura y la ejecución extrajudicial de Hugo Humberto Ruiz Fuentes, y adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer la plena eficacia de la defensa pública, en particular en los casos que implican la posible imposición de penas severas”.
Sin embargo, la Comisión considera que el Estado no cumplió con las recomendaciones de fondo, por lo que presentó las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El otro caso se refiere a la desaparición y posterior asesinato de Alejandro Yovany Gómez Virula, en marzo de 1995, en el que la Comisión considera que el Estado es responsable de la violación a sus derechos, ya que “no adoptó ninguna medida de búsqueda al tomar conocimiento de la desaparición de la víctima”.
La CIDH enfatiza en que, a pesar de que habían indicios de que la desaparición de Gómez Virula pudo deberse a sus actividades como dirigente sindical, el Gobierno no hizo nada para investigar el caso.
La Comisión Interamericana es una entindad que tiene el mandato de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estadps Aamericanos (OEA) en la materia”. Se integra por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
