CIDH advierte “uso abusivo del sistema penal” en Guatemala y da 10 recomendaciones

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó este viernes 26 de julio su visita de cinco días a Guatemala y en conferencia de prensa informó de las observaciones preliminares.

Cuando comenzó la visita, la comisión indicó que el objetivo era monitorear el "impacto" del "debilitamiento" de la democracia en Guatemala.

“El propósito de esta visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada”, en 2017, dijo al inicio de la visita la relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak.

En la conferencia de este viernes, Pochak dijo que en esta oportunidad, dado el contexto actual de Guatemala, la Comisión decidió enfocar la presentación de sus consideraciones y hallazgos preliminares respecto de la institucionalidad democrática y la independencia judicial.

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Añadió que en diferentes informes, desde la época del conflicto armado interno, la CIDH ha señalado que la lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser una prioridad para la gobernabilidad democrática. Asimismo, ha instado al Estado guatemalteco a comprometerse con el desmantelamiento de las redes criminales, y de las estructuras y poderes paralelos para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos.

Esta Comisión ha documentado en sus tareas de monitoreo en los últimos 20 años, que la corrupción en Guatemala es estructural y endémica; además, se manifiesta en todos los niveles.

En su informe anual de 2023, la CIDH documentó que el proceso electoral mediante el cual se eligió al presidente Bernardo Arévalo se vio empañado por “acciones que plantearon graves amenazas al orden constitucional y al estado de derecho”.

Dijo que muchas de las personas con las que se reunieron, les advirtieron de la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo.

Mencionó que en este contexto, la lucha de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y de sus familiares no puede avanzar.

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“Estos retrocesos en la lucha contra la impunidad generan un sentimiento de frustración y revictimización de quienes padecieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado”, afirmó.

La CIDH invitó a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación.

Pochak indicó que el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos es tarea de toda la población guatemalteca y recae en todas sus instituciones.

Instrumentalización de la justicia

Señaló que en Guatemala, el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellos que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el estado de derecho, o han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

“En particular, se advierte un uso abusivo del sistema penal contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta contra el propio presidente y vicepresidenta de la República. También contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales”, señaló la relatora.

También mencionó la reunión sostenida con el Ministerio Público (MP), que según Pochak, este indicó que se “trata de una institución autónoma e independiente, que aplica de manera objetiva la Constitución y las leyes guatemaltecas”.

Dijo que el MP “negó la existencia de una práctica de criminalización, con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión”.

Resaltó que alarma a la CIDH “la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas” por parte del MP, “en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2019”.

Escuchan testimonios

Añadió que en la gran mayoría de reuniones sostenidas durante la visita, recibieron testimonios de personas investigadas por el MP o que tienen temor de serlo, solo por el ejercicio legítimo de sus funciones.

Algunas personas les manifestaron haber pasado mucho tiempo en prisión preventiva por acusaciones penales derivadas de la defensa de los derechos humanos o del ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión.

“La Comisión Interamericana está profundamente preocupada por la cantidad de personas operadoras de justicia y sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias penales”, subrayó.  

Afirmó que muchas de estas personas formaron parte de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad (Feci). Asimismo, en esta misma situación se encuentran personas exjuzgadoras y exfiscales de casos relacionados con el conflicto armado interno y/o de corrupción a gran escala; así como magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Mencionó la criminalización, hostigamiento y denuncias disciplinarias que se han extendido a abogados y abogadas que actuaron como querellantes en la defensa de las personas actualmente criminalizadas.

Según las organizaciones con las que la CIDH se reunió, hay un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción.

Denuncias contra la misma persona

Señaló la interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa.

La Comisión conoció casos de personas operadoras de justicia que enfrentan entre 30 y 100 causas por ejercer su función. También la presentación y tramitación de denuncias anónimas y/o infundadas, con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación.

Procesos ambiguos

Además, el uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados, por ejemplo, personas que no son funcionarias son investigadas por delitos propios de funcionarios; juezas y jueces son sometidas a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias; abogados defensores son imputados por el delito de obstrucción de la justicia solo por ejercer su trabajo.

Pochak señaló el “uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas; o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar”.

También las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes; además, se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de prueba de descargo.

Respecto de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la Comisión escuchó un amplio número de testimonios a lo largo de todo el territorio de personas líderes indígenas criminalizadas por su rol de defensa de la tierra y el ambiente.

Para leer más: Sala revoca medidas sustitutivas que beneficiaban a Jose Rubén Zamora

Recomendaciones

• La CIDH recomienda adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación que afectan a las personas como niñas, niños y adolescentes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, LGBTI, personas en movilidad, personas mayores, incorporando un enfoque culturalmente adecuado e interseccional.
• Implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción.
• Instar al MP a “cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos; así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
• Limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia, es decir, excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
• Liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva, criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra.
• Tomando en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas, “realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos”.
• Generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.
• Poner en funcionamiento las comisiones de postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones para que puedan iniciar el proceso de selección y así contar con el tiempo suficiente para realizar eficazmente la labor encomendada en el plazo legalmente establecido.
• Garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se hagan con transparencia conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo.
• Restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996.

MP reacciona

Respecto al informe de la CIDH, el Ministerio Público señaló que, pese a que se reunieron con la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, se “invisibilizó” la información que se les otorgó.

“El Ministerio Público lamenta que las observaciones preliminares de la @CIDH invisibilizaran la información que la institución hizo de su conocimiento”, dice la Fiscalía en su cuenta de X.

Añaden que durante la visita a la sede del MP, la delegación de la CIDH tuvo conocimiento de la información oficial y “la Fiscal General fue enfática en solicitarle a los relatores que el reporte de observaciones preliminares consignara la información oficial del Ministerio Público para que el mismo fuera objetivo y no parcializado”.

Gobierno agradece visita

Por medio de un comunicado, el Gobierno de Guatemala agradeció la visita de la CIDH, y afirmó que apoya y comparte los desafíos señalados por la delegación.

También coincidió en las preocupaciones de la CIDH sobre la criminalización de defensores de derechos humanos, además de otros grupos como periodistas, estudiantes, profesores, funcionarios, entre otros.

#Comunicado | El Gobierno de Guatemala informa con relación a la visita a Guatemala de la @CIDH. pic.twitter.com/HLV7BZrIVI

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 27, 2024