El comisionado detalló que, tras los hallazgos, se entrevistó al entonces gerente de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, quien en prueba anticipada aceptó que la empresa hizo pagos al PP a través de 12 cheques y 20 facturas a 6 empresas.
Según Velásquez, Porras Zadik dijo en su declaración que los recursos fueron entregados como parte de una estrategia político comercial, diseñada por el exembajador Ligorría para resolver el litigio entre Telgua y Tigo.
De acuerdo con la Cicig, la estrategia consistió en mostrar una estrecha relación entre Telgua y el Partido Patriota, que en ese momento lideraba las encuestas, para lo cual debía financiar la campaña electoral aportando un monto que, según le dijo Sinibaldi, por lo menos igualara el que Tigo había entregado.
Porras Zadik dijo que luego de aceptar la estrategia, Ligorría le entregó un listado con el nombre de varias empresas y diferentes montos para que Telgua emitiera los cheques. Estas empresas, según la Cicig, estaban “directamente” relacionadas con el exministro Sinibaldi.
La Cicig reveló que las empresas Impresos Urbanos, ARQCO Outsourcing de Centroamérica, Inversiones ASA y Seguridad ASA emitieron facturas por servicios para ocultar el motivo de la entrega del dinero que tenía como destino financiar la campaña del PP.
“La misma operación se realizó para la segunda vuelta electoral”, detalló la Cicig.
El comisionado recalcó que Porras Zadik fue condenado el pasado 29 de junio a tres años de prisión, por financiamiento electoral ilicito y que, aunque fue suspendida la ejecución de la pena, el ejecutivo debe pagar Q500 mil de multa y construir dos salas de videoconferencia para uso del Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
La Cicig afirma que Porras Zadik asumió la responsabilidad total del financiamiento y que hay un convenio que detalla cómo se había producido el pago del financiamiento al PP.
Detalles
En la conferencia, Iván Velásquez explicó cómo, según el testimonio de Porras Zadik, la empresa a la que él representaba fue afectada durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y del Ministerio de Comunicaciones para que Telgua le pagara a Tigo US$400 millones por un reclamo realizado en 1998.
Según la Cicig, el testimonio de Porras Zadik afirma que su empresa buscó acercarse al entonces presidente Álvaro Colom y a sus allegados, pero que no lograron obtener beneficio alguno debido a que, según Porras Zadik, Tigo habría comprado influencias para obtener un fallo a su favor en instancias judiciales.
El comisionado Velásquez afirma que “alguien” le recomienda a Porras Zadik que recurran a Julio Ligorría quien, según el testimonio, es el que construye una estrategia para acercarse al PP.
La Cicig afirma que Tigo se asustó con la proximidad de Telgua con el PP, evidenciada con unas fotografías que daban fe de una reunión, en agosto de 2011 en México, entre Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, propietario de América Móvil, dueña de Telgua.
En ese encuentro también estuvieron presentes Sinibaldi y Ligorría, quien, según el testimonio de Porras Zadik, se presentó como futuro canciller de Guatemala y no como asesor de Telgua.
Según el testimonio de Porras Zadik, luego de la publicación de las fotografías, representantes de Tigo habrían contactado a Ligorría para que organizara una reunión con Telgua para llegar a un acuerdo. “Es decir que surtió efecto la estrategia del señor Ligorría”, dijo Velásquez.
Porras Sadik relató que menos de un mes después de la publicación de las imágenes, Tigo y Telgua firmaron un contrato de transacción y finiquito de litigio por los US$400 millones, con lo cual se solucionó el problema entre ambas compañías.
Posturas
Prensa Libre contactó a Litza de Escobar, Gerente de Relaciones Institucionales de Telgua y no se pronunció.
Manuel Sisniega, Director de Asuntos Corporativos de Tigo, respondió: “Estamos consternados ante la confesión expresa del exgerente general de Telgua respecto a la comisión de hechos delictivos por parte de dicha empresa, con el afán de procurar obtener un entorno de privilegios que le permitiera favorecer en forma artificial su negocio. Sus actos son injustificables bajo cualquier punto de vista, y lamentamos que en un vano intento de hacerlo haya esgrimido argumentos -absolutamente infundados- en los que involucra a nuestra empresa”.
Agregó: “Existe nuestra total disposición de aclarar y brindar a las autoridades respectivas cualquier información que pudieren requerirnos. El proceso al que hace referencia en su confesión el señor Porras fue promovido por nosotros -y otros operadores iniciaron a su vez procesos similares- en contra de Telgua, con el propósito de que se conocieran y resolvieran, mediante el mecanismo establecido en nuestra legislación, algunos desequilibrios comerciales derivados de la interpretación que le daba Telgua a algunas cláusulas del contrato de Interconexión. La culminación exitosa de este proceso habría permitido mejorar las condiciones generales del mercado de las telecomunicaciones en Guatemala, redundando en mayores beneficios para los usuarios del servicio. Desafortunadamente no fue posible llevar el juicio a buen término y nos vimos obligados a desistir del mismo. Ahora entendemos las razones por las que se hizo tan difícil que el proceso avanzara”.
