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Explica que el proceso de transición incluye comenzar a retirarse como querellante adhesivos de procesos judiciales en los que se encuentra dando apoyo al Ministerio Público.
Aclara que no obstante, el apoyo técnico en los litigios continuará hasta el fin de su mandato en el país.
El 31 de agosto del 2018, el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa que no renovará el mandato de la Cicig, es decir, el 3 de septiembre de este se deberá retirar del país.
La decisión de no renovar el mandato de la Comisión ya fue notificado a la Organización de las Naciones Unidas, a través de una carta oficial firmada por Morales, y su canciller, Sandra Jovel.
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Morales justificó en esa ocasión que la decisión de no renovar el mandato de la Cicig es porque ha existido una “persecución ilegal” que “viola los principios y prácticas constitucionales y el mandato de la Comisión.
El presidente también dijo en esa oportunidad, que la Cicig tenía que comenzar un proceso de transición de capacidades con las entidades que colabora, de manera que para septiembre próximo suspenda por completo su trabajo en el país.
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En sus once años de trabajo en combate a la impunidad, la @CICIGgt en apoyo al @MPguatemala ha identificado más de 60 estructuras criminales y ha presentado más de 100 casos ante la justicia. pic.twitter.com/myoc8f1MLT
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 28, 2019
Se retira en un debate
El Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside Jeaneth Valdéz, avaló la petición de Leily Santizo, mandataria de la Cicig, para renunciar como querellante al caso durante el debate que inició el 3 de marzo pasado.
La salida de la Cicig en este caso se suma también a cuando el ente de la ONU renunció el pasado 5 de junio a seguir en el proceso penal del caso Industria Militar, que se ventila en el Juzgado Séptimo Penal.
También se conoció que la Cicig ya renunció en los casos de supuestos actos de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, que tiene señalado al exedil Jorge Rolando Barrientos Pellecer, conocido como Mito.
Los procesos que se siguen en los casos Chicamán y los Huista ya se conocieron peticiones similares.
Matías Ponce, portavoz de la Cicig, informó que se trata del proceso de renovación. “Considerando la no renovación del acuerdo de la Cicig y que su mandato vence el próximo 3 de septiembre, la Comisión está trabajando en un proceso de transición”.
“Esto incluye comenzar a retirarse como querellante adhesivo de procesos judiciales en los que se encuentra apoyando al Ministerio Público. No obstante, el apoyo técnico en el litigio continuará hasta el fin del mandato”, añadió Ponce.
Mandatarios en tribunales
La Cicig ha enviado a Torre de Tribunales a los mandatarios Amanda Trejo, Claudia González, Leily Santizo, Jennifer Bravo, Astrid Escobedo, Leopoldo Zeissig y David Gaitán para actuar en diversos casos por supuestos actos de corrupción como La Línea, Construcción y Corrupción fase uno y dos, Odebrecht, Cooptación del Estado de Guatemala, Transurbano y TCQ entre otros.
Solo en el caso Botín en el Registro de la Propiedad el Tribunal Décimo Tercero Penal apartó a la Cicig debido a que se ausentaron de una audiencia. En este caso están en el banquillo de los acusados Samuel Morales y su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales Cabrera.
Finaliza en septiembre
El mandato de la Cicig termina el 3 de septiembre próximo después de 11 años de cooperar con la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos en el país.
En el debate a los implicados en un supuesto fraude en la Municipalidad de La Antigua Guatemala se conoce que la representante de la @CICIGgt renunció debido al proceso de transición.
Además, por videoconferencia desde #Tegucigalpa declara un experto financiero de esa entidad. pic.twitter.com/kd4gpFohMd— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 31, 2019
Declara perito en debate
Durante la continuación del debate en el caso de supuestos actos de corrupción en la comuna de La Antigua Guatemala, el Tribunal escuchó el relato de un perito de la Cicig.
Se trató de Óscar Calvillo, quien declaró por videoconferencia desde la Embajada de Guatemala en Tegucigalpa, Honduras.
El experto financiero recordó un informe que hizo para la Cicig el 2 de julio del 2013. Relacionó el dinero que fue desviado de la comuna a particulares. “En total fueron Q20 millones”, dijo.
También explicó que las empresas de cartón que recibieron los depósitos tenían relación con los funcionarios ediles y sus familiares.
Entre los acusados está Adolfo Vivar Marroquín, exedil de la localidad, y su sucesor Édgar Francisco Ruiz Pérez.
En las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en coordinación con la Cicig se estableció que desviaron Q20 millones de quetzales en el período de 2008 y 2012, en donde los exalcaldes vincularon a otras 24 personas entre ellas funcionarios de la comuna para obtener los recursos de forma anómala.
El seguimiento que le dieron los Fiscales al dinero se verificó que fue a parar a cuentas personas de los sindicados, que fueron enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, peculado fraude y concusión.
