“Yo no me voy a quedar callado. Sí, me pidieron Q3 millones para no ser denunciado”, manifestó Chico Dólar, quien está vinculado al caso de corrupción denominado Lavado y Política.
Morales Guerra dijo ante el juez Miguel Ángel Gálvez que teme por su vida. “Si me llegara a pasar algo culpo a los señores Barquín y Jaime Martínez”, enfatizó el procesado.
Durante su declaración acusó al Ministerio Público (MP) de cambiar en la acusación la cantidad de dinero que supuestamente lavó y aseguró que sus operaciones fueron autorizadas por la entidad bancaria, sin ninguna anomalía.
“Yo lo que hice fue una venta de divisas, lamentablemente el banco lo declara pero no lo registra. Yo no debería estar acá”, aseveró.
Chico Dolar añadió: “Si yo cometí un error no fue de lavado de dinero. Fui utilizado por personas que manejan puestos públicos altos”.
Audios lo vinculan
Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que según la investigación de la Commisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculan a Édgar y Manuel Barquín, y Jaime Martínez con Chico Dólar en una red de lavado de dinero.
La Cicig dio a conocer detalles de una investigación donde supone que a través de “favores y protección política” Morales Guerra financió la candidatura de Jaime Martínez, diputado de Jutiapa, así como el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también vinculado a Manuel Barquín.
Chico Dólar, supuestamente encabezaba la red entre los años 2008 a 2011, donde habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.
Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así. Mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas.
En la estructura también había empleados de la SAT y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.
