Guatemala

CC y CSJ fallan a favor de once alcaldes contratistas

Los 11 alcaldes y un concejal que fueron excluidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2016 por considerarlos contratistas del Estado, regresarán a sus cargos luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los ampararon.

Hay alcaldes amparados que tienen contratos millonarios con el Estado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Hay alcaldes amparados que tienen contratos millonarios con el Estado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En la resolución de la CC no se conoce que se haya entrado a resolver si Rafael Hernández Cardona, alcalde de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, es contratista del Estado.

Los alcaldes y el concejal fueron excluidos por un informe de la Contraloría General de Cuentas que determinó que eran contratistas del Estado al momento de inscribirse como candidatos a elección popular.

El Código Municipal establece que no puede ejercer funciones de alcalde, síndico o concejal quien tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros, con o por cuenta del municipio (artículo 45, Código Municipal).

La resolución de la CC, en el cuarto considerando, determinó que el TSE se extralimitó en el uso de las facultades que el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le confiere, porque “el artículo 45 del Código Municipal es puntual en establecer el procedimiento para declarar la vacante al cargo de alcalde de una corporación municipal”.

La CSJ amparó a siete alcaldes en definitiva y a tres de manera provisional. Por aparte, un concejal, quien también fue excluido, resultó beneficiado en definitiva.

Los integrantes del Concejo serán quienes determinen en última instancia si el jefe edil es contratista del Estado.

Resolución preocupante

Los magistrados del TSE consideran que son preocupantes las resoluciones  emitidas por la CC y la CSJ, si se toma en cuenta que aunque estas se apelen, sobre todo de la Corte Suprema, la CC beneficiará al resto de  los alcaldes.

En su oportunidad, los magistrados calificaron de “fraude de ley” lo que hicieron los alcaldes excluidos, ya que dejaron de ser contratistas y posteriormente regresaron a dirigir las empresas.

Podría generar violencia

El politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que hay que evaluar principalmente a nivel local los efectos que la resolución pueda tener en la gobernabilidad del municipio.

“Hace más de un año que tomaron posesión. Se han dado procesos y cambios administrativos y la gestión municipal ha avanzado en muchos casos y habrá que ver que esto, en principio, no genere conflictividad a nivel local”, expuso.

El experto señaló que el hecho de que los magistrados no hayan entrado a conocer sobre si son contratistas preocupa, luego de una actuación genuina del TSE para evitar esos ejercicios viciados en que los alcaldes obtienen beneficios.

Sanabria indicó que hay conflicto de intereses en que el Concejo sea el que decida si el jefe edil es contratista del Estado.
El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, expuso que la resolución emitida por la CC es polémica, porque hay prohibiciones para optar a esos cargos y en este caso hay evidencia de que se incurrió en una prohibición.

 “Creo que deja un vacío, en vez de contribuir. La resolución, en lugar de generar paz social en los municipios, deja un vacío y una incertidumbre mayor”, enfatizó.

El politólogo Jahir Dabroy coincidió con Sanabria, y considera que esa resolución podría generar un espacio de conflictividad, debido a que hay cuestiones propias en la dinámica de los municipios, que no son iguales a las que estamos acostumbrados los capitalinos.

La CC y la CSJ otorgaron amparos a jefes ediles, algo que el TSE ha cuestionado.

“El poder local es muy fuerte en esos espacios y se pelea con mucho ahínco, ya que la candidatura no gira en torno al presidente, sino al alcalde, por lo que hay riesgo de generar inconformidad en algunos actores que tuvieron que estar vinculados con las corporaciones municipales durante el tiempo que duró el fallo definitivo”, afirmó. 

Corte de Constitucionalidad decide 

La CC devuelve el cargo y señala que el Concejo debe resolver  caso.

 
Rafael Hernández Cardona
 
Fue electo por el  PP.
Es alcalde de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango.
Tenía obras por  Q359 mil 200.55.

Amparo  definitivo 

La Corte Suprema de Justicia resolvió
devolverle el puesto a siete ediles.
 

 
 
Edwin Mauricio Méndez Puac
 
Fue electo por Líder.
Es alcalde de San Pedro La Laguna, Sololá.
Tenía  contratos por  Q64 mil.
Gerónimo Martínez Gómez
 
Fue electo por  Líder.
Es alcalde de  la cabecera de  Huehuetenango.
Tenía contratos por Q99 millones 350 mil.
Luis Alfredo Ortega Tobar
 
Fue electo por el partido  Todos.
Es jefe edil de Gualán, Zacapa.
Contratos   por Q1 millón 207 mil 650.03.
Carlos Córdova Garza
 
Fue electo por Líder.
Es  alcalde de  Chahal,  Alta Verapaz.
Tenía   contratos   por  Q7 millones 290 con 87 centavos.
Ramiro Bruno Soto Mejía
 
Fue electo por  Creo-Unionista.
Jefe  edil de  San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
Tenía contratos por Q39.6  millones
Sergio Ademar Ávila Molina
 
Fue  electo por URNG-Maíz.
Es alcalde de Malacatancito, Huehuetenango.
Tenía contratos por Q2 millones dos mil 756.
Luis Alfredo Ramírez Lorenzo
 
Fue electo por la UNE.
Es el jefe edil de Cabañas, Zacapa.
Tenía  contratos por Q597 mil 633.25.

Resolución provisional 

La CSJ  los mantiene en el
cargo de alcalde de manera  provisional.

 
Gregorio López Joaquín
 
Fue electo por Líder.
Es el alcalde de Soloma, Huehuetenango.
Le fueron adjudicados contratos por Q219 mil 274 con 20 centavos.
 
Julio Ambrosio Ramírez
 
Fue electo por  Líder.
Es el jefe edil de  San Pedro Necta, Huehuetenango.
Tenía adjudicados Q951 mil 180.
Édgar Mauricio Ovalle Siguán
 
Fue electo por Líder.
Es el jefe edil de San Antonio Suchitepéquez.
Tenía adjudicados Q137 mil 400.
 

Concejal sigue en el cargo

La CSJ lo amparó en definitiva, por lo que seguirá como concejal.

 
Elías Rolando Godínez Pérez
 
Electo por el PP como concejal en la comuna de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
Tenía obras por  Q30.1 millones.

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