Al referirse a los posibles vicios, Porras indicó que el caso es similar a la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, que el Legislativo no aprobó con mayoría calificada de 105 votos.
La entrada en vigor de la ley provocó diversos efectos para los tarjetahabientes. Eliminan pago en cuotas
El primer efecto de la aprobación fue la eliminación por parte de Visanet del programa de pagos en cuotas. El servicio se suspendió de manera temporal desde del 4 de febrero. Cobro de membresía
Con la vigencia de la normativa, el pago de la membresía se convirtió en obligatoria, sin derecho a extorno. En algunos bancos, sería según el consumo mensual. Aplicación de seguro
La mayoría de bancos comunicó a sus tarjetahabientes el cobro del seguro por manejo del plástico, y que se convertía en obligatorio. Este va de Q30 a Q50. Fijación de tasas
Se fijó que los bancos no podrían cobrar más del 26.26% de intereses. La disposición se debe a que no pueden exigir el doble de la tasa promedio ponderada —13.13%—. Fechas de corte y pago
La mayoría de tarjetas de crédito bajó de 55 a 45 los días de crédito para que el tarjetahabiente pudiera hacer sus pagos sin recargo. Cancelación de plástico
Hasta la fecha no se sabe con detalle cuántas tarjetas se han devuelto, pero se conoce que varias personas han acudido a cancelar su cuenta. Programas de lealtad
La acumulación de puntos y millas que permitían la adquisición de bienes o servicios fue eliminada, y en algunos casos se retiraron los descuentos en algunas tarjetas. Consumo mínimo
Otra de las medidas que aplicaron los bancos, fue que para que los usuarios puedan mantener sus tarjetas sin cobros extras, deberían realizar consumos fijos mensuales. Reducción de clientes
Con la ley los bancos solo podrían otorgarle crédito a aquellas personas que tengan ingresos de Q12 mil mensuales, debido al riesgo que eso implica para las entidades. . Datos
2.5 millones de tarjetas de crédito circulan en el país.
16 emisores de tarjetas operan en el mercado nacional.
8.8% de los préstamos del sistema son de tarjetas de crédito.
Q8,762 millones se estima el monto de deuda en tarjetas.
“Por eso consideramos importante que la Corte la revise”, afirmó la magistrada.
Agregó que una de las impugnaciones que llamó la atención del pleno de la CC fue la presentada por el Banco de Guatemala (Banguat).
La resolución apunta: “Es evidente la inconstitucionalidad, y susceptible de causar daños irreparables”.
El 22 de marzo recién pasado, el Banguat presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 29 y 41 del decreto 7-2015, Ley de Tarjetas de Crédito.
Los artículos mencionados están relacionados con la fijación de intereses y financiamiento, así como la emisión de los reglamentos.
Según indicó, otra de las instituciones que impugnó la normativa argumentó que, para aprobarla, el Legislativo debió solicitar un dictamen del banco central y de la Junta Monetaria.
Porras adelantó que los magistrados de la próxima CC serán quienes emitan la sentencia.
La Ley fue aprobada por el Congreso el 4 de noviembre del 2015, con el voto favorable de 112 legisladores y el rechazo de seis.
Luego de que entrara en vigencia la normativa, se presentaron 14 impugnaciones en contra; sin embargo, con anterioridad la CC había rechazado varios amparos.
Futuro
El abogado Marcos Palma, vicepresidente del Instituto de Competencia, subrayó que la CC resolvió una suspensión provisional, lo cual significa que se trata de un primer análisis, sin haber entrado a fondo ni dictado una sentencia definitiva.
Según el profesional del Derecho, la Corte considera que hay motivos suficientes para suspender la Ley o los artículos impugnados.
Explicó que los magistrados pudieron haber orientado su decisión a que la aprobación de la Ley no siguió el procedimiento adecuado, y para evitar un daño se había tomado la determinación de suspenderla.
Según el abogado, la CC no ha entrado a conocer argumentos de fondo, y de acuerdo con el artículo 138 de la Ley de Amparo, “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio y sin formar artículo dentro de los ocho días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la Ley, reglamento o disposición de carácter general, si a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables…”.
Palma afirmó que al no existir ninguna consideración de fondo, la CC, en un período de 15 a 21 días, concederá audiencia a todas las partes implicadas. Después debe fijar día y hora para una vista pública, en la cual se podría definir el caso.
Riesgos
De acuerdo con el analista fiscal Óscar Chile Monroy, desde el punto de vista del tarjetahabiente los inconvenientes por la suspensión de la normativa podrían continuar.
“No sería correcto que los emisores mantengan la actitud de cobros exagerados, y continúe el acoso porque la Ley queda suspendida”, advirtió.
Añadió que si hubo una disminución en el uso de las tarjetas, el impacto no fue tan significativo, pero desde el punto de vista fiscal, puede haber un impacto positivo en la recaudación y el consumo.
Los efectos de la resolución emitida ayer permitirán que las entidades emisoras de tarjetas de crédito “vuelvan a tener la potestad de acosar a los usuarios con llamadas telefónicas como mecanismo de presión para que paguen”, dijo Omar López, representante de la Asociación de Usuarios de Tarjetas de Crédito.
Positivo
Luis Lara, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), considera importante la decisión de la CC de suspender por unanimidad la Ley.
Afirmó que en años pasados el consumo por medio de tarjetas de crédito estaba creciendo a un ritmo del 8 por ciento anual, pero en marzo último, período en que estuvo vigente la norma, bajó un 15 por ciento.
Lara apuntó que la emisión de tarjetas nuevas se redujo en 50 por ciento, de acuerdo con los cálculos de los bancos.
“Creemos que es importante una ley, pero que construya, y que no destruya”, comentó Lara.
Según el presidente de la ABG, la Ley de Tarjetas de Crédito perjudicaba a más del 90 por ciento de los usuarios, en lugar de beneficiarlos.
En su opinión, el comercio y la economía en general se estaban viendo afectados, porque el consumo se redujo de manera drástica en las últimas semanas.
Aspectos importantes
Estos son algunos de los aspectos más importantes que norma la Ley de Tarjetas de Crédito.
Las tasas de interés anual no deben exceder el doble del último valor de la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario.
La tasa más reciente publicada por el Banco de Guatemala es de 13.13%; es decir, que la tasa que pueden aplicar los emisores en las tarjetas de crédito no debería sobrepasar el 26.26%.
La ley también obliga a la Superintendencia de Bancos a supervisar que los emisores de tarjetas hayan extendido un contrato y que sea cumplido sin cambios posteriores.
El usuario puede reestructurar su deuda cuando considere que no puede pagar y cancelarla en varias cuotas.
La ley también prohíbe la capitalización de los intereses, el cobro de comisiones, servicios adicionales y otros cargos.
Se creó el delito de clonación de tarjetas de crédito, en atención a las constantes denuncias de duplicación en comercios y en cajeros automáticos.
Las penas contempladas por clonación son de prisión de 10 años y multas de entre Q50 mil y Q500 mil.
La Ley también obliga a las entidades financieras a realizar una evaluación sobre la capacidad de pago del usuario.
El monto de crédito no podrá sobrepasar el sueldo del tarjetahabiente, y también se normó el acoso por cobros.
Visacuotas
Analizan servicios
Los programas de cuotas de pago a precio de contado, comúnmente conocidos como Visacuotas, serían los primeros productos que los emisores reactivarían.
Mario Castrillo, gerente general de Visanet, explicó que tanto comercios como usuarios de tarjetas han solicitado
la reactivación del sistema.
Agregó que los emisores analizan la reactivación del sistema, pero antes se debe conocer en detalle la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
“Sabemos que es un amparo provisional, por lo que debemos evaluar qué procede en este momento y las condiciones”, afirmó Castrillo.
Juan Bernardo Rivera, presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago, expresó que la resolución de la CC les brinda la oportunidad de retomar la Ley y evaluarla desde el punto de vista técnico, en protección y beneficio de los usuarios y consumidores. “Estamos a favor de una regulación, siempre y cuando sea técnica, pero en esta ley no se hicieron las consultas pertinentes ante la Junta Monetaria”, dijo Rivera.
Además, dependerá de cada emisor tomar las políticas adecuadas, aunque no se sabe en qué términos fue otorgada
la suspensión.
“Las cuotas son un producto que se eliminó, pero es muy factible que las regresen al mercado”, afirmó Rivera.
Resolución acertada
Luis Lara, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), comentó que el país requiere una ley de tarjetas de crédito, por lo que lo conveniente es discutir de nuevo, enmendar los artículos que sean dañinos para el desarrollo de la economía del país y emitir una nueva legislación.
Según el ejecutivo, la resolución de la CC fue importante porque, por unanimidad, acordó suspender temporalmente la norma.
“Fue una decisión correcta que la CC haya dictado la resolución con celeridad, puesto que la Ley está causando estragos en la economía del país”, dijo Lara.
“Seguirá el acoso”
Omar López, representante de la Asociación de Usuarios de Tarjetas de Crédito, expresó que esperaban esa decisión porque las leyes en Guatemala son “a favor de los poderosos”.
“Lo que no esperábamos era una resolución tan pronta, porque fueron 14 los recursos presentados en contra de la Ley”, dijo.
López cree que seguirá el acoso a los cuentahabientes, que los intereses se incrementarán y prevé cobros injustos porque ninguna ley regula las tarjetas.
“Esperamos que se cree una nueva ley que regule a las tarjetas”, refirió.
Reembolsar cobros
Según el analista fiscal Óscar Chile Monroy, varias empresas emisoras de tarjetas tomaron la decisión de cargar costos a sus usuarios durante el período en que estuvo vigente la ley, por lo que deberían regresar al sistema anterior y rembolsar los cobros que efectuaron.
Señaló que debe ser una iniciativa de cada emisor hacia sus clientes, es una decisión comercial, ya que la ley no los obliga. “Sería una buena decisión, y es muy probable que siga la competencia”, afirmó.
Regresan beneficios
Roberto Fuentes, directivo de la Asociación de Emisores de Medios de Pago, explicó que lo que se observará es la vuelta a muchos de los beneficios suspendidos.
El primero de los beneficios que regresarían, según Fuentes, serían las visacuotas, y agregó que cada emisor debe decidir sobre cuáles restablecer.
Indicó que se debe esperar a conocer en detalle la resolución de la CC para evaluar otros aspectos.
Lamentan decisión
Los diputados ponentes de la ley, Ronald Arango y Luis Contreras, se lamentaron de la decisión de la CC.
Arango afirmó: “Deja desprotegidas a millones de personas. Creo que los magistrados que ya se van no quisieron salir peleando con uno de los sectores más poderosos del país”.
Agregó: “Guatemala ha sido el paraíso de los banqueros, que no tienen límites de los intereses, cobran los servicios de forma desproporcionada y con hostigamiento”.
