En un comunicado, la CC informó este 7 de octubre que otorgó el amparo al detectar una incongruencia entre lo dicen los artículos 1 y 2 del decreto de creación de la comisión legislativa con los argumentos que el Congreso expuso en informes que el tribunal ordenó previo a emitir la resolución.
La votación fue por mayoría 4-1, informó una fuente de la Corte. La magistrada Dina Ochoa, nombrada por la Presidencia, fue votó contra el otorgamiento del amparo.
El Ministerio Público, Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo fueron amparados en una sola resolución. Los tres habían accionado contra la instancia legislativa, la cual actualmente escuchaba testimonios de personas que denunciaron ser víctimas de la comisión de la ONU.
Los diputados de la comisión expresaron que se pronunciarán en un comunicado sobre el fallo de la Corte. La integran Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde, Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas.
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Fernando Linares Beltranena, legislador promotor de esa sala de trabajo, dijo: “Vamos a continuar escuchando a las víctimas de la Cicig. La CC no puede impedir que los agraviados digan que fueron afectados, a menos que la CC diga que no pueda haber reuniones de personas o manifestaciones”.
Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, una de los interponentes de los amparos en contra de la creación de la comisión del Congreso, consideró que el amparo otorgado por la Corte está apegado a Derecho.
“Hay ciertas incongruencias en el acuerdo que crea la comisión. De hecho, todas las actuaciones de llamar a testigos, victimas, crear un formulario incluso con el número de expediente atenta realmente contra ese principio de división de poderes”, señaló.
Cuz agregó que seguirán el proceso y esperan que la CC mantenga la misma postura al resolver en definitiva el amparo. Además, instaron a los diputados a respetar la resolución de la CC.
“Tienen que estar conscientes de que queda sin efecto la comisión. Continuar con ese tipo de actuaciones ya atentaría contra una resolución de la CC y rayaría en desobediencia, por lo cual podrían existir responsabilidades penales”.
Esa comisión fue creada el 24 de septiembre y tenía hasta el 10 de enero de 2020 para cumplir con siete atribuciones.
- Determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan atentado contra derechos fundamentales de los guatemaltecos.
- Recabar, evaluar y sistematizar información de persona, entidad pública o privada que haya sido víctima de acciones ilegales y arbitrarias.
- Requerir información de cualquier funcionario, así como declaraciones, documentos e informes y colaboración respecto a posibles acciones ilegales y arbitrarias.
- Denunciar ante las autoridades y exigir la destitución de funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente acciones ilegales y arbitrarias en consenso o bajo instrucciones de la Cicig.
- Invitar a financistas de la Cicig para que compartan información respecto a los recursos proporcionados y si esa entidad rindió informes de gastos, proponiendo una autoría forense.
- Solicitar información a los gobiernos sobre el historial profesional y personal del personal de la Cicig.
- Presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, de ser el caso, la extradición del personal de la Cicig si se considera que cometió algún ilícito.
La resolución
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