Los amparos presentados por varios sectores de la sociedad civil para frenar el proceso de antejuicio iniciado en el Congreso en contra de los tres magistrados titulares, fueron conocidos este miércoles por magistrados suplentes y dos titulares.
Luego de seis horas de discusión ha trascendido que los magistrados Neftaly Aldana, Henry Comte, Cristina Fernández, José Par Usen y José de Mata Vela, por unanimidad, otorgaron el amparo y suspenden así el proceso de antejuicio en el Congreso, donde la Comisión Pesquisidora ya prepara el cronograma para iniciar con las audiencias.
Se conoció que la presidenta de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá se encontraba fuera del país por lo que no conoció el expediente, aunque no se oficializó.
El pleno, que empezó la discusión de los amparos desde el pasado martes 22 de enero, quedó integrado por Neftaly Aldana como presidente y los magistrados suplentes Henry Comte, Cristina Fernández, María de los Ángeles Araujo y José Par Usen.
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Al retomarse el pleno este miércoles, la magistrada suplente Araujo se inhibió de seguir conociendo el proceso. Aunque se desconoce el motivo se sabe que podría tratarse de su relación con el abogado William Méndez, quien guarda prisión preventiva vinculado en el caso Construcción y Corrupción en su segunda fase.
Debido a esa inhibitoria se hizo un sorteo entre los tres magistrados titulares que se habían inhibido en primera instancia y fue seleccionado De Mata Vela quien integró el pleno por obligación.
Los amparos fueron presentados luego de que la Corte Suprema de Justicia diera trámite a la querella que presentó la Asociación Dignatarios de la Nación por considerar que habían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. Acción que fue aprobada por mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso integrará una comisión pesquisidora.
La comisión pesquisidora quedó integrada por: José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, será el presidente; Boris España, independiente, será el secretario, y los vocales serán Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.
El diputado José Hernández Salguero, presidente de la Pesquisidora, señaló que no estaba enterado sobre la noticia pues estaba “en reuniones con asesores”, por lo que no emitiría ninguna opinión al respecto hasta tener pleno conocimiento del tema.
Héctor Reyes, del Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), calificó la resolución de la CC como “sumamente positiva”.
“Esperamos que esta suspensión sea acatada por parte del Congreso de la República y ya no se continúe con el proceso que realizan”, aseguró Reyes, quien agregó que espera que se continúe con el debido proceso la acción de amparo que se promovió.
Mientras que el abogado Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo indicó que el amparo otorgado los tres magistrados lo ve con sorpresa porque de nuevo la Corte de Constitucionalidad ha decidido autoamparse lo cual no es permitido ético y legal.
“A través de un amparo totalmente ilegal de nuevo la CC se da una atribución al Congreso y más que todo que se pretendan amparar catalogándolos de reyes eso es imposible en una república. El congreso no está obligado a acatar resoluciones ilegales y debe continuar con el trámite del antejuicio”, dijo el abogado.
Acciones presentadas
Varias personas e instituciones han presentado amparos a favor de los magistrados para frenar el juicio político en el Congreso, ya que consideran que los jueces constitucionales no deben ser perseguidos por sus opiniones, las cuales se dan en los fallos.
Las solicitudes de amparo fueron planteadas por el abogado Marco Vinicio Mejía, quien accionó en contra el Congreso y aparte la Procuraduría de Derechos Humanos, que la interpuso en contra de la Corte Suprema de Justicia. Mejía sustituyó la anterior debido a que iba dirigida contra la comisión permanente de ese organismo y ahora fue planteada contra la Junta Directiva.
Otros dos recursos para evitar el retiro del antejuicio a los magistrados de la CC fueron admitidas, uno por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y otro por autoridades ancestrales de Totonicapán, con acompañamiento de Acción Ciudadana.
Por aparte otras instituciones presentaron acciones llamadas “Amicus Curiae” que significan Amigos de la Corte para que tomen los magistrados nuevos argumentos del porque es necesario que amparen al PDH y así favorecer a los magistrados de la CC.
Por aparte, dos resoluciones preceden a este proceso de antejuicio en contra de magistrados constitucionales. Todas indican que los togados no pueden ser juzgados por sus fallos.
La Corte de Constitucionalidad (CC), en dos sentencias distintas y en tiempos diferentes, ha logrado que dos de sus magistrados no sean perseguidos penalmente por sus resoluciones.
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La primera ocurrió en 1994, a través de un amparo en única instancia promovido por el abogado Mynor Pinto Acevedo, en calidad de magistrado titular de la CC, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cámara de Amparo y Antejuicio, y el juez tercero de Primera Instancia Penal, luego de que le dieran trámite al proceso en su contra.
El segundo fue en el 2003, a favor del presidente del entonces presidente de la CC Mario Guillermo Ruiz Wong, en apelación de sentencia debido a que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lo suspendió luego de haber admitido una denuncia de varios abogados y la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, por faltar a la ética al permitir con su voto la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato presidencial.
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