Los tres magistrados fueron antejuiciados por la Asociación Dignatarios de la Nación por considerar que habían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
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La Corte Suprema de Justicia le dio trámite y traslado el expediente al Congreso, donde se conformó una comisión pesquisidora integrada por: José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, será el presidente; Boris España, independiente, será el secretario, y los vocales serán Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.
Presentan acciones
Varias personas e instituciones han presentado amparos a favor de los magistrados para frenar el juicio político en el Congreso, ya que consideran que los jueces constitucionales no deben ser perseguidos por sus opiniones, las cuales se dan en los fallos.
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Las solicitudes de amparo fueron planteadas por el abogado Marco Vinicio Mejía, quien accionó en contra el Congreso y la Procuraduría de Derechos Humanos, que la interpuso en contra de la Corte Suprema de Justicia. Mejía sustituyó la anterior debido a que iba dirigida contra la comisión permanente de ese organismo y ahora fue planteada contra la Junta Directiva.
Otros dos recursos para evitar el retiro del antejuicio a los magistrados de la CC fueron admitidas, uno por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y otro por autoridades ancestrales de Totonicapán, con acompañamiento de Acción Ciudadana.
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