Ahora el expresidente Pérez Molina podría acceder otra vez al beneficio de la medida sustitutiva, la cual consiste en arresto domiciliario, prohibición de hablar con otros imputados en el caso, testigos y peritos, arraigo y el pago de una caución económica de Q13 millones 177 mil.
La resolución de la CC detalla que declaró “con lugar el recurso de apelación interpuesto por Otto Fernando Pérez Molina” y que revoca el numeral IV del auto apelado que otorgó el amparo provisional requerido y, resolviendo conforme a Derecho, deniega la protección interina solicitada”.
Sin embargo, si Pérez Molina pagara la caución de Q13 millones 177 mil para recuperar su libertad por el caso La Línea, deberá permanecer en la cárcel, pues también está vinculado con el caso Cooptación del Estado.
EN ESTE MOMENTO
En ese proceso a Pérez Molina se le sindica de presuntamente haber liderar una estructura criminal junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por medio de la cual cooptaron varias instituciones del estado para cometer actos de corrupción y enriquecerse de manera ilícita, según las pesquisas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
En cuanto al caso La Línea, es sindicado de liderar otra estructura criminal que realizó una defraudación aduanera en las arcas del país, la misma también fue coliderada por Baldetti, según la acusación del MP.
El caso
Las primeras capturas en este caso ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti.
En 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.
La investigación del Ministerio Público, en conjunto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.
Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.
Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.
Esas llamadas, además de exponer la forma en que se concretaban los acuerdos ilícitos para el paso de mercadería, también alertaba del rumbo que tomaría esta investigación semanas después.
