Martín Guzmán, secretario general del máximo tribunal, explicó que por el momento no se hace aconsejable amparar al Sintracor.
Detalló que los sindicalistas solicitaron un amparo preventivo ante la supuesta amenaza de una deducción en su salario, y por el aumento del 10 por ciento que se llevaría a cabo sobre el salario base y no sobre la cantidad de sueldo que perciben.
“Lamento que la CC no haya querido entrar al tema de fondo del pacto colectivo y lamento más que nos hayan mandado a un juzgado de trabajo”, escribió Taracena en su cuenta de Twitter.
También dijo: “Una tortuga camina más rápido que un juzgado de trabajo, pero ahora nos iremos por esa vía porque hay una responsabilidad con el país”.
No es la vía idónea
Guzmán agregó que, en el caso de la impugnación de Taracena, el trámite se suspendió en definitiva por no ser la vía idónea, ya que en un Juzgado de Trabajo debió solicitar la nulidad del Pacto Colectivo.
Explicó que el legislador impugnó el acuerdo por medio del cual la Junta Directiva del Congreso aprobó el pacto colectivo, y que según él le correspondía al pleno.
Alfredo Tumax, secretario general del Sintracor, indicó que respetan la decisión de la CC y que están a la espera de lo que les indiquen sus abogados.
Taracena acudió a la CC el 15 de junio para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acta que le dio vida al Pacto, y buscar dejarlo sin efecto por considerar que es un exceso que los trabajadores, entre otros beneficios, tengan un incremento salarial anual del diez por ciento.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) ya había denunciado ante el Ministerio Público dicho acuerdo laboral y a quienes lo firmaron, con el argumento de que no está basado en dictámenes técnicos y financieros.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) identificó al menos 71 grupos familiares que trabajan en el Congreso. Se trata de 186 personas que laboran en el renglón 011.
