Según la Empresa Municipal de Agua (Empagua) “debido a la prolongada interrupción del suministro de agua desde la presa El Tesoro hacia Planta Lo de Coy, las zonas afectadas son las 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 19 y la colonia Atlántida en la zona 18; sectores de Chinautla y áreas adyacentes de Mixco”.
La CC le otorgó el amparo provisional a la comuna capitalina “en virtud que el servicio de agua potable se caracteriza por ser esencial, necesario y permanente, por lo que el mismo debe prestarse en forma continua; de manera tal que no puede darse la suspensión del mismo”.
Asimismo, la CC le obliga al Mingob y PNC que resguarde “en forma permanente las plantas de tratamiento y de distribución de agua potable (que suman más de 100) protegiendo con ello el derecho humano al acceso del vital líquido de la población”.
Esto incluye a la presa Xiyá Piscayá, ubicada en el kilómetro79 de la carretera a Patzún, en la finca La Sierra del municipio de Patzún, Chimaltenango, y que ha sido ocupada por pobladores que aseguran que la liberarán hasta que renuncien los fiscales y el juez aludido.
También en está la prensa El Tesoro, ubicada en el kilómetro 58 de la carretera Interamericana, en el interior de la finca El Tesoro, Zaragoza, Chimaltenango. Los pobladores tomaron estas instalaciones desde el 10 de octubre pasado.
La CC le ha ordenado a las autoridades que, “en el marco de las manifestaciones públicas, asuman de forma inmediata y oportuna, las acciones y medidas pertinentes para restituir a los guatemaltecos en el goce de la libre locomoción, el acceso a la salud y vida, seguridad, al ejercicio del trabajo, el comercio y la industria, así como garantizar los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica y cualesquiera otros afectados”.
Ante esto, el titular de la cartera del Interior, Napoléon Barrientos, aseguró que ejecutan los desalojos de las rutas establecidas y mantienen el diálogo con los manifestantes para que permitan el paso de servicios esenciales como el que manifiesta el amparo otorgado a la comuna capitalina.
A la población general informo: ⬇️ pic.twitter.com/dolioYFDxS
— Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) October 13, 2023
La CC les ha posibilitado a la PNC usar la fuerza policial siempre y cuando las circunstancias lo ameriten. Esto significa que si hay oposición de los que protestan podrán hacer uso de la fuerza no letal, e incluso, pedir el apoyo del Ejército para liberar las rutas.
Un grupo de vecinos mantiene vigilancia en el acueducto Xayá-Pixcayá después de los enfrentamientos del 10 de octubre que derivaron en la expulsión de un contingente antimotines de la PNC y el Ejército que trataron retomar el control de la presa que suministra de agua entubada a varias zonas de la ciudad de Guatemala.
Luego del comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) el 11 de octubre, que pide a las autoridades recuperar la instalación los manifestantes mejoraron la vigilancia para mantener el control de la planta.
En horas de la mañana del 12 de octubre varios helicópteros sobrevolaron espacio aéreo de Chimaltenango y se corrió la voz en la población de que las fuerzas de seguridad se preparaban para recuperar el acueducto.
Ante esa suposición, los manifestantes instalaron varios puestos más de vigilancia a lo largo de los más de tres kilómetros del acceso a la presa. También incrementaron la cantidad de personas en los alrededores para mantener el control del área.
La demanda de los pobladores que mantienen tomada esta infraestructura es que los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Freddy Orellana renuncien.
Solo así depondrán la actitud y le devolverán la administración de esas instalaciones a la Empresa Municipal de Agua (Empagua), de la municipalidad de la Ciudad de Guatemala.
Desde la expulsión de las fuerzas de seguridad la llave de paso que capta parte del caudal de los ríos Xayá y Pixcayá fue cerrada como medida de presión para obligar a los funcionarios a renunciar porque los señalan de cometer arbitrariedades en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
