La debida ejecución del MP, que fue presentada por la agente fiscal, Maritza Yesenia Castillo López, fue sobre un amparo que presentó el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, el 16 de marzo de 2023 en contra del presidente de la República, el Ministro de Gobernación, el Director General de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con la CC, “al analizar lo denunciado, y teniendo en consideración la existencia de los bloqueos y acontecimientos ocurridos en todo el país, y que han puesto en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como los actos de violencia ocurridos en varios lugares de Guatemala”, declararon con lugar la solicitud.
Ante esto le han ordenado a la autoridad competente que libere las carreteras del país y permita la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Le avala usar la fuerza pública, si es necesario, así como el acompañamiento del Ejército, si es preciso, también.
La CC advirtió que no todas las manifestaciones que se han realizado “han cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 constitucional y los estándares internacionales, pues en abuso de los derechos de reunión y de manifestación, se ha impedido a la población el ejercicio, entre otros”.
La CC, en su resolución, consignó que se “han vulnerado los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, así como se ha limitado la garantía de los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica, el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías, y cualesquiera otros afectados”.
La CC le ordenó al Mingob que asuma en forma inmediata y oportuna “las acciones y medidas pertinentes para restituir a los guatemaltecos en el goce de la libre locomoción, el acceso a la salud y vida, seguridad, al ejercicio del trabajo, el comercio y la industria”.
Además, “garantizar los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica y cualesquiera otros afectados, entre estos los derechos de los niños a la integridad, a la educación, y los otros reconocidos y garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Convención sobre los Derechos del Niño, que también se ven afectados por las situaciones de abusos en el ejercicio de otros derechos”.
Las autoridades, según la CC, deben coordinar e implementar “acciones que garanticen que los guatemaltecos ejerciten con seguridad su derecho de manifestación, siempre que esta sea pacífica, pero también que se permita a otros ciudadanos realizar sus actividades diarias sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación o el abuso del mismo”.
Se debe “velar por el libre tránsito de cuerpos de socorro y de las fuerza de seguridad, así como garantizar el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías”.
La Corte ordenó, también, “realizar toda acción necesaria para garantizar la seguridad de todos los habitantes del país, tomando en consideración que todo abuso del derecho de manifestación no resulta acorde con los fines que para el reconocimiento de ese derecho previó la Constitución”.
La resolución a esta debida ejecutoria que planteó el MP manda a “iniciar las investigaciones pertinentes con el fin de responsabilizar a las personas que, en aprovechamiento del uso del derecho de manifestación pacífica, cometan actos delictivos contra propiedad pública o privada, o utilicen esos mecanismos para afectar y cometer ilícitos contra la población. Aunado a que, en caso de flagrante delito deben proceder de conformidad con la previsión del artículo 257 del Código Procesal Penal”.
El Mingob acata órdenes
El jefe de la cartera de Gobernación, Napoleón Barrientos, comentó a Prensa Libre que aún no ha sido notificado.
“No obstante, puedo adelantar que todas las resoluciones que ha emitido la CC las hemos cumplido como lo han ordenado”, expresó Barrientos.
Según el funcionario durante estas manifestaciones siempre han privilegiado el diálogo, y en los casos que amerita “hemos usado la fuerza policial para retirar a personas que delinquen en las protestas”.
“El fin primordial para nosotros es privilegiar la vida y el derecho que tienen otras personas para movilizarse. Y por supuesto, también quienes manifiestan en el marco de la legalidad, como lo ha estipulado la CC en anteriores resoluciones”, argumentó.
Barrientos comentó que en los más de 150 bloqueos que se tienen en los 22 departamentos del país, han logrado liberar el paso en más de 50. “El problema es que algunos se vuelven a colocar. Al ser notificados por la CC en esta nueva orden, tomaremos las medidas necesarias para resguardar el orden público en el país”, aseveró.
“La PNC trabaja arduamente en todo el territorio nacional para velar por el cumplimiento de los derechos que le asisten a las personas, tanto las que protestan como las que intentan desplazarse de un lugar a otro por otros motivos”, resaltó.
El portavoz del Ejército, Rubén Tellez, comentó que ellos dependen de las disposiciones del Mingob para cumplir con la orden de la CC.
Recordó que ayer llegaron al anillo periférico, por solicitud de la PNC, que al final se retiró, para evitar confrontación con vecinos de la colonia Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Indicó que los elementos castrenses llegan equipados con algún armamento si en dado caso lo requieren usar.
“Ese es el fin último que se quisiera tener, pero los elementos van en calidad de prevención y apoyo a la PNC, que es la facultada constitucionalmente para ejercer algunas labores en la seguridad ciudadana”, resaltó.
Llamado a Semilla y el MP
La Corte exhortó “a los promotores de las protestas y a los ciudadanos en general, el respeto a la paz social y a los derechos humanos de todos los ciudadanos, ejercer sus derechos en forma pacífica como lo reconoce la Constitución, sin vulnerar derechos de terceros; que depongan las afectaciones que los bloqueos de calles y carreteras causan a la población y que no se sacrifiquen los derechos de terceros, “como evidentemente ha ocurrido”.
También a los encargados y responsables directos del resguardo de la integridad física y emocional de los niños, que en observancia de su interés superior se abstengan de colocarlos en situaciones que no garanticen sus derechos
a la seguridad, educación y bienestar, sin perjuicio de lo que en cuanto a este asunto
atañe a las autoridades Estatales.
La CC llamó al partido Movimiento Semilla y personas electas, que ejerciten ante el respectivo órgano jurisdiccional todas las acciones oportunas e idóneas y hagan valer las defensas por las vías que las leyes específicas regulan, a fin de evitar la utilización de medios y acciones que no promuevan la tranquilidad social y el mantenimiento del orden constitucional, en respeto de los derechos de todos los habitantes de la República de Guatemala.
Al MP, que fue quien solicitó esta “debida ejecutoria”, para que proceda diligentemente, apegado a los principios que rigen el proceso penal y cuidando cumplir estrictamente los plazos procesales establecidos en la Ley, concluyendo, a
la brevedad posible, su investigación y realizar las diligencias judiciales necesarias
que la situación amerita”.
Pueden usar la fuerza
La CC reiteró que “la fuerza pública podrá utilizarse, como última medida y sólo cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales; es decir, cuando la reunión como tal o manifestación ya no sea pacífica o si hay indicios
claros de amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas”.
La CC permitió que, para mantener el orden y la seguridad, las entidades específicas, dispersen la reunión cuando esta cause gran perturbación, como el bloqueo del tráfico.
“En cuanto al uso de armas, estas deben ser las menos letales y siempre proporcionales al riesgo de la situación, previamente haber hecho todos los esfuerzos razonables para limitar riesgos a la seguridad física de la persona”, dictan.
Además, indica la resolución de la Corte, “esas armas solo se deberán utilizar como último recurso, tras advertencia
verbal y dando a los participantes la oportunidad de deponer las actitudes no pacíficas.
La Corte de Constitucionalidad a la Opinión Pública informa: pic.twitter.com/P42RYOidyn
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) October 12, 2023
“La fuerza pública, si bien es una posibilidad, debe acudirse a ella cuando las circunstancias excepcionales así lo impongan, observando siempre los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación, con miras a garantizar la preservación de la paz y la seguridad de todos los habitantes”.
“De ser necesario, podrá requerirse la cooperación del ejército de Guatemala, dado su deber constitucional de coadyuvar en mantener la paz, y la seguridad interior del país, según artículo 244 de la Constitución, siempre con las mismas prevenciones con las que operan para las fuerzas de seguridad”, puntualizan.
La resolución la firmaron los magistrados, Héctor Pérez, Néster Vásquez, Roberto Molina, Dina Ochoa, Juan José Samayoa y Angélica Vásquez.
