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Alianzas por las Reformas (AR) y Acción Ciudadana (AC) plantearon el amparo el 21 de agosto y el tribunal le dio trámite el 26, ahora la resolución provisional es contraria a su objetivo.
El argumento era que el presidente Jimmy Morales incurrió en un conflicto de intereses al anunciar el 31 de agosto de 2018 que no renovaría el mandato de la comisión, actuando contra la Constitución.
Eddie Cux, de AC, explicó hace unos días que Morales había asegurado al principio de su mandato que apoyaría a la Cicig hasta el 2021, para lo cual emitió una comunicación oficial en abril del 2016 al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la cual incumplió.
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“Creemos que (la Cicig) debe continuar”, explicaba también entonces Álvaro Montenegro, de Alianza para las Reformas, para quien las recientes sentencias del Organismo Judicial y las actuaciones del Ministerio Público “nos demuestran que no hay una independencia judicial”, por lo que cree que la Comisión es necesaria para una democracia auténtica.
AR y AC también demandaron a la CC que resolviera pronto sobre los otros amparos que se han presentado sobre el tema, como el de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que plantea que la decisión de Morales de terminar con la Cicig fue arbitraria y no se fundamentó en varios acuerdos establecidos.
Acción Ciudadana informó que aún no ha sido notificada sobre el fallo.
El fallo de la Corte fue firmado por los cinco magistrados titulares, Bonerge Mejía, Gloria Porras, Francisco de Mata, Neftalí Aldana y Dina Ochoa.
Con información de Manuel Hernández
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