No obstante, Dina Ochoa —titular, Presidencia de la República—; María de los Ángeles Araujo —suplente, Congreso de la República— y Henry Comte —suplente, Presidencia de la República— rechazaron participar en los plenos hasta que no se resuelva la cesantía de Aldana y se comience con el proceso de elección de los funcionarios designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la CC.
Además, los tres magistrados recordaron que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) no ha elegido a su magistrado titular, quien es el sucesor del fallecido Bonerge Mejía y además afirman que la máxima Corte está desintegrada.
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“A partir de que se acepte la cesantía del magistrado Neftaly Aldana en forma inmediata y se inicie el proceso de elección de los magistrados designados por la CSJ estaremos dispuestos a integrar”, delimitaron.
Aldana es el representante de la Corte Suprema y al autorizar su cesantía se deberá elegir a su relevo por los magistrados de dicha instancia quienes hace casi un año debieron entregar su cargo.
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“No se puede tomar a la ligera”
Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), espera que no se politice ni se estigmatice la situación del magistrado Neftaly Aldana, porque es un trato cruel e inhumano, además necesita un espacio para recuperarse y así podrá recuperar su cargo.
—¿Debe ser separado del cargo el magistrado Neftaly Aldana?
—Es una situación que debe ser evaluada médicamente. Es algo que está muy vagamente regulado en la ley, porque situaciones como esta no se dan con regularidad. Lo primero que hay que señalar es que es la propia CC la que tiene que tomar la decisión sobre si existe o no la incapacidad; no le compete a ningún otro órgano. Lo segundo es que requiere de un dictamen médico.
Lo que procede es que se realice, efectivamente, la aplicación analógica de la Constitución —en el caso del presidente, por ejemplo, el Congreso pide un dictamen profesional—, y un grupo de médicos asignados por el Colegio de Médicos realice la evaluación. El magistrado Aldana padece de una enfermedad, pero de esa incapacidad, según entiendo, puede recuperarse en determinado lapso, no es que sea una incapacidad de forma permanente.
—¿Esta debería ser la mejor solución jurídica para resolver la cesantía?
—Sí, porque no se trata de renuncia, se trata de una situación sobrevenida de salud. Es una situación que no se puede tomar a la ligera. Hay derechos del propio magistrado que podrían estar en juego. Lo que entendemos es que la familia se vio obligada a hacer esta declaración por el acoso del que ha sido objeto por parte de la Fundación contra el Terrorismo y abogados.
—Tomando la decisión de los tres magistrados, ¿Qué consecuencias habrán de que la CC se mantenga cómo está?
—Esos magistrados —tres que se niegan a integrar el pleno— podrían estar incurriendo en incumplimiento de deberes, porque no pueden negarse a seguir resolviendo. La Ley del Organismo Judicial es muy clara, en el sentido de que no se puede abandonar el cargo ni se pueden dejar de resolver los asuntos.
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“Se debe declarar la cesantía”
Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), cuestionó del por qué la CC en el caso del magistrado Aldana no aplica hechos notorios como lo ha hecho en otras situaciones.
—¿Debe ser separado del cargo el magistrado Neftaly Aldana?
—Es el único camino legal que existe para esta lamentable situación. No solo por razones humanitarias, éticas, sino también así lo declara el artículo 161: se debe declarar en forma inmediata la cesantía, ya que es evidente, según el certificado médico, que no puede hablar, que no puede escribir y, por lo tanto, no podrá argumentar y ejercer sus funciones jurisdiccionales de magistrado.
—¿Es la única solución jurídica por seguir?
—Sí, la Ley de Amparos establece ese único camino. Es decir, cuando un juez constitucional, miembro de la Corte, tiene incapacidad para ejercer jurisdicción, se debe declarar la cesantía, queda vacante el puesto y, como no hay suplente que lo cubra, tienen que enviar a la Corte Suprema de Justicia la solicitud para que designe a un magistrado titular y a uno suplente para que completen el período.
—¿Qué consecuencias habrá para la ciudadanía de que la CC se mantenga cómo está?
—Es lamentable para la población que se haya tenido que llegar hasta este escándalo jurídico, político y mediático el tema de la Corte. Si acá hay un certificado médico, la familia dice que el hecho de que sea magistrado pone en riesgo su vida, si tiene tres meses de no llegar a trabajar por su enfermedad y, sobre todo, si los mismos magistrados de la CC le piden que se presente y posiblemente no se pueda mover y valer por sí mismo, ¿por qué no hay hecho notorio? Las consecuencias, lo que genera es una parálisis para que la Corte no esté en posibilidad de resolver ningún tema hasta que declare la cesantía. Eso quiere decir que habrá una parálisis de todas las acciones constitucionales.
